Urbanismo, ocurrencias y pacto de ciudad

La información periodística de que la Modificación 29 del PGMOU de 1986 no saldría adelante, causó satisfacción a los que solicitamos su anulación, junto con la correspondiente a la Modificación 28. Sin embargo, al día siguiente, fue desmentida por el Ayuntamiento, aunque no por el Gobierno regional. En cualquier caso, no hay sorpresa, pues la sociedad toledana está acostumbrada a que los proyectos urbanísticos se presenten a través de declaraciones de prensa, con harta frecuencia contradictorias y en general sin razonamiento. Y es probablemente por esa falta de razonamiento y argumentos por lo que los responsables políticos huyen de su participación en foros de información y debate a los que se les invita sobre estos temas con expertos de la cultura y el urbanismo.

Ante las últimas declaraciones del concejal de urbanismo sobre la Modificación 29 conviene recordar que un barrio de 5.300 viviendas en la Peraleda, para unos 12.000 residentes nuevos, y más viviendas de las actuales en la Vega Baja, son difíciles de justificar para una ciudad de escaso crecimiento demográfico , con mayor número de defunciones que de nacimientos, y que dispone de muchas viviendas vacías y de suelo urbano vacante. Y todo eso, eliminando una las mejores vistas de nuestra ciudad, vestigios arqueológicos reconocidos por la Carta Arqueológica Municipal y un espacio de calidad ambiental en el que persisten usos agrícolas, y podrían recuperarse más de acuerdo con estrategias de conservación y mejora de la naturaleza en ambientes urbanos según criterios de sostenibilidad y responsabilidad ecológica de la nueva Agenda urbana de 2016 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la ONU. También se ignoran las complicaciones legales de la Modificación 29 para el Gobierno regional al calificar como «suelo urbanizable de uso residencial», lo que en el PGMOU de 1986 era: «suelo no urbanizable y protegido»(…) «con el fin de garantizar el mantenimiento de vistas del conjunto monumental»(…) «y por sus especiales ubicaciones cercanas a la vega del río Tajo y (…) el fin de garantizar el respeto al medio natural actual», y «en cualquier caso queda prohibido el uso residencial». Son idénticas razones por las que la plataforma «Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura» solicita anular la Modificación Puntual 29 y las mismas que nos llevaron a presentar alegaciones propias y personales ante el Ayuntamiento en su momento. Además, la aprobación final se enfrentaría al hecho, también legal, de que la Peraleda está en una Zona de Protección de Paisaje definida por las Instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes de 1968 y conservada, como no podía ser de otro modo, por el Plan Especial del Casco Histórico de 1997.

Tampoco se puede ignorar que la Peraleda, como el resto de la Vega Baja, dispone de niveles de protección reconocidos por la UNESCO como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y Ciudad de Valor Universal, y que la construcciones en esas zonas, con alturas de 5 plantas y más sobre rasante, volúmenes edificatorios y densidades residenciales elevadas, echaría por tierra uno de los criterios para la inclusión de Toledo como Patrimonio de la Humanidad, el IV : «Un paisaje que ilustra una o más etapas significativas de la historia de la humanidad», más cuando los informes arqueológicos demuestran la existencia de restos de la «urbs regia» visigoda en la zona. Toledo podría salir de la lista de Ciudades Patrimonio de la Humanidad, como le ha ocurrido a Dresde, con consecuencias para la imagen colectiva y pérdidas económicas por su repercusión en la afluencia turística.

El cambio de «suelo no urbanizable y protegido» a «suelo urbanizable de uso residencial» vulnera a su vez el principio de «no regresión ambiental» o «cláusula Standstill» que impide eliminar categorías de protección después de su reconocimiento, con apoyo en el derecho positivo europeo y estatal (artículo 45 CE y artículo 3 y concordantes de la Ley del Suelo 2015) y en el Dictamen del Consejo de Estado 3297/2002. Tampoco es difícil de entender la incompatibilidad del modelo urbanístico propuesto para la Peraleda con sus valores paisajísticos y medioambientales: edificación en manzana, a modo de ensanche del XIX, con elevadas volumetría y densidad residencial, y ubicación a modo de barrera del río, junto a zonas de inundación y a la salida de mantos de arroyada desde el zócalo cristalino de Toledo a través de San Bernardo. Este barrio sería un islote más de urbanización dentro de Toledo como «archipiélago urbano», por lo tanto, mayores costes económicos y sociales para una articulación eficiente y sostenible de la ciudad. Y en cualquier caso, la no aprobación por el Gobierno regional de la Modificación 29 la convierte en inviable técnicamente y en la práctica, más de un año después de que el Ayuntamiento resolviera someterla a información pública, el 4 de julio de 2018, y ese hecho es una prueba de la contundencia de los argumentos legales señalados, también aplicables a la Modificación 28 y presentes en la denuncia por expoliación de miembros de «Toledo, Sociedad y Patrimonio» conforme a la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985.

Por otro lado, la anulación de las Modificaciones 28 y 29 sería factible con un POM distinto a lo hecho hasta la fecha , capaz de armonizar ordenación del territorio y patrimonio, lo que exigiría desplazar usos residenciales y dotacionales a otras zonas, sin ocasionar impactos medioambientales, patrimoniales y paisajísticos. Estamos seguros de que los arquitectos anunciados como «fichajes estrella», más a modo de presidenta de equipo de futbol que de máxima jerarquía municipal y de respeto a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, coincidirán con nuestras propuestas: conservación y puesta en valor del patrimonio y el paisaje, mejora medioambiental, naturalización de espacios urbanos, sin olvidar la atención al Casco Histórico y a otros barrios, y la articulación entre ellos y con las localidades del entorno metropolitano. Y estamos convencidos de que será así porque esas son las fórmulas aplicadas ahora en todas las ciudades del mundo, como repetimos en publicaciones, conferencias y mesas de debate. El temor surge ante la persistencia de los intereses políticos y económicos en mantener criterios de urbanización que son los de siempre, en detrimento de la historia y el paisaje de la Vega Baja y la Peraleda, y con la inquietud de que los “fichajes” se plieguen a los dictados de quienes les pagarán su trabajo, aunque eso sí, incorporando los conceptos de modernidad indicados, con «ventanas arqueológicas» y «rendijas» en los frentes construidos para contemplar paisajes protegidos desde 1940 para ser vistos en su totalidad.

No obstante, mantenemos la esperanza de que los responsables políticos se presten en algún momento a hacer realidad sus lemas propagandísticos de «pacto de ciudad», que olvidan al día siguiente de las elecciones o que justifican con costosos folletos buzoneados en los domicilios, dedicando su mayor espacio a inauguraciones y arreglos de aceras y pavimentos, necesarios pero inherentes a la gestión municipal y de escaso relieve como muestra de eficacia. Y ante el rechazo casi patológico a un proyecto de ciudad consensuado, intrusivo y participativo, y preferencias de los políticos por declaraciones «ocurrentes» en los medios de comunicación, sin interlocutores, no cabe más que esperar que la denuncia de miembros de «Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura» paralice lo dispuesto en las Modificaciones 28 y 29, con el apoyo de las instituciones culturales y de la opinión pública, como en 2006. Del mismo modo, es de esperar que el futuro POM no sea un desarrollo más, con nuevo formato y otros nombres, de los proyectos especulativos de siempre, invadiendo los mismos espacios patrimoniales y de protección de paisaje. En este contexto, sólo confiamos en el amparo y tutela del Ministerio de Cultura sobre Toledo por las competencias que le garantiza la Constitución, le atribuye la Ley de Patrimonio Histórico Español y así mismo derivan de la declaración de Toledo como Conjunto Histórico en 1940. También sería de esperar la reacción del Gobierno regional en defensa de los valores culturales a los que le obliga la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha.