Antonio Zárate
Qué es realmente Vega Baja y cuál es su ámbito de protección
¿Qué ocurrirá con las 300 viviendas previstas en el Circo romano y con las 98 en el Cristo de la Vega?
Realmente no pueden producir más sorpresa e inquietud para los amantes del patrimonio y los valores medioambientales e identitarios de la ciudad las c onstantes noticias del Ayuntamiento toledano sobre sus intenciones urbanizadoras en la Vega Baja, a menudo contradictorias y en un espacio que ahora se nos presenta como «indefinido»: “No se construirán 1.300 viviendas en Vega Baja» , viene reiterando la alcaldesa, pero el documento que regula la zona, la Modificación 28 del PGMOU de 1986, prevé su construcción, nadie se lo ha inventado. Sin embargo, claro que no se van a construir donde estaban proyectadas, sobre el BIC «Yacimiento Arqueológico Vega Baja», puesto que eso es imposible legalmente. Ahora bien, ¿y qué ocurrirá con las 300 viviendas previstas en el Circo romano? ¿y con las 98 en el Cristo de la Vega? esas sí se construirán, nadie lo niega. ¿Y las 1.300 de la Modificación 28, no anulada? ¿irán a otro lugar de la Vega Baja? Esperemos que no lo contemple así el nuevo POM en un cambio de cromos.
Otra de las declaraciones más insistente: «Se construirá un nuevo Cuartel para la Guardia Civil en Vega Baja» , en una parcela de los antiguos terrenos de la Fábrica de Armas tras su permuta con los ocupados actualmente a escasos metros de distancia, en Palomarejos. Incluso, para dar más contundencia a su construcción, se ha recurrido de manera propagandista a declaraciones del ministro de Interior, quien destacó la existencia de fondos para ellos, lo ya sabido, pero resulta extraño que entrara en concreciones sobre su ubicación en Mas del Ribero, sobre una zona arqueológica y de protección de paisaje , pues esa decisión corresponde al Ministerio de Cultura, y más conociendo la formación jurídica del Sr. Grande-Marlaska. Así que, por el momento, seguimos igual, sólo el Ayuntamiento es responsable del traslado del Cuartel a la Vega Baja, sin reparo por los inconvenientes operativos del lugar para una instalación de esa naturaleza, con dificultades de salida de la ciudad, a diferencia de la ubicación actual. Tampoco se presta la menor atención a la seguridad para la propia instalación y de los vecinos de la zona ante una posible acción terrorista, pues el Cuartel estaría junto al poblado obrero, las viviendas del antiguo Instituto Nacional de Previsión en la avenida de Barber y el barrio de Santa Teresa, aparte de levantarse sobre indicios de vestigios arqueológicos probados por el análisis geofísico de 2009 y que los nuevos trabajos arqueológicos de la JCCM confirmarán previsiblemente. Pero con todo eso, lo más excluyente y decisivo siguen siendo los inconvenientes legales, el Cuartel ocupará una extensa parcela en una zona de protección de paisaje y se levantará en altura, impidiendo con ello la vista del Casco Histórico, como ya lo hacen los bloques de la ampliación de Santa Teresa.
Y así podríamos seguir con más y más contradicciones, siempre con el propósito de justificar nuevos volúmenes edificatorios, superficies de aparcamiento y actuaciones innecesarias y con daños a los vestigios del pasado, como la Senda peatonal . En todo caso, son intervenciones difíciles de compatibilizar con los valores arqueológicos y paisajísticos de la zona, y más cuando no se respeta la legislación nacional de patrimonio, las obligaciones internacionales con la UNESCO, el Convenio Europeo del Paisaje y derechos del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). De ahí que se venga optando por hechos consumados y una estrategia orientada a cambiar o bordear la legalidad, lo que parece complicado, dado que el garante de esa protección es el Estado. Sólo así se entiende la reciente preocupación por definir el ámbito de la Vega Baja, con la esperanza de que los deseos municipales sean refrendados por el nuevo POM y, más concretamente, por el Plan Especial que ahora se nos anuncia para dentro de un año (ABC 20/07/2020) y que «nos ayudará a definir cuál es el ámbito de la Vega». Pasado ese tiempo, los toledanos sabríamos, por fin, cuál es el ámbito de la Vega Baja y de su Plan Especial. Mientras tanto, nada importa la realidad geográfica o física, el que la Vega Baja sea una unidad de paisaje perfectamente identificada y definida, que se extiende por ambas orillas del Tajo, aguas abajo del mismo, pasado el puente de San Martín hacia el oeste, incluyendo la Peraleda, y con más amplitud por su lado derecho que por el izquierdo, debido a sus diferencias geomorfológicas. Ni tampoco interesa el hecho de que es unidad espacial, las tierras llanas del fondo de valle del Tajo, colmatadas por materiales sedimentarios cuaternarios y especialmente fértiles para la agricultura, entre los potentes depósitos de arcillas de niveles altos de antiguas terrazas fluviales en la orilla derecha y el macizo cristalino de Toledo a su izquierda, sea un espacio patrimonial y un territorio sin él que no se entendería la historia de la ciudad.
La densificación edificatoria de la Vega Baja provocaría la destrucción de un paisaje único y con ello lo que se señala como el yacimiento visigodo más importante de Europa, por lo tanto, un elemento de las raíces históricas de la Europa actual, perteneciente al patrimonio común de la UE. La carta arqueológica municipal reconoce esos significados y, por si fuera poco, ahí están las miradas de los artistas y las descripciones literarias que inmortalizan sus valores naturales y culturales, y que en Francia y otros países, ya hubieran sido suficientes para desalentar veleidades especulativas del suelo. Y también está la memoria de los ciudadanos, sus recuerdos y experiencias de vida, que dan categoría de «paisaje identitario» a ese territorio, además de ser un «paisaje cultural», según la Convención del Patrimonio Mundial Cultural y Natural de 1992 y el propio Ministerio de Cultura de España. Por todo eso, nos sentiríamos más tranquilos si la corporación municipal , con todos los partidos en ella representados, defendieran estos valores , que no son privativos de nadie y sí del conjunto de la sociedad, no sólo de Toledo, sino de Europa y del Mundo.
No obstante, como estos argumentos no parecen convencer a los gestores públicos ni al pleno municipal, por más que coincidan con los informes sobre la zona de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando e ICOMOS, resulta obligatorio volver a insistir en que la Vega Baja es una unidad de paisaje legalmente protegida , con limites marcados por las Instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes de 1968 y la documentación del Ministerio de Cultura de 1985 para solicitar la inclusión de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Las zonas de protección allí definidas coinciden de manera absoluta con los conos del Plan Especial de 1997 para proteger las vistas del Casco Histórico , por cierto, bajo la dirección del arquitecto Busquets al que ahora se recurre. Además, todo ese ámbito geográfico y cultural, la Vega Baja y la Peraleda, forman parte de la «Zona de Amortiguamiento» de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad y Ciudad de Valor Universal Excepcional , lo que recuerda la obligación del Ayuntamiento de comunicar a la UNESCO cualquier modificación en su interior. ¿La hubo al construir la Consejería de Fomento, la barriada de San Pedro el Verde sobre restos de la antigua basílica de San Pedro y San Pablo, los bloques de ampliación de Santa Teresa y la Senda peatonal? Ahora, con tantas declaraciones de la alcaldesa y del concejal de urbanismo en favor del patrimonio y del paisaje de la Vega Baja, es tal vez probable que el Ayuntamiento se haya apresurado a presentar a la UNESCO las acciones previstas en la zona: las 300 viviendas en el Circo romano, las 98 en el Cristo de la Vega y las 5300 viviendas de la Peraleda, el Cuartel de la Guardia Civil y los aparcamientos. O acaso se está a la espera del nuevo POM y del Plan Especial que «ayudará a definir el ámbito de Vega Baja» y, de paso, a decidir donde se colocan las 1.698 viviendas contenidas en la Modificación 28.
Tampoco conocemos si el aludido «Plan Especial» lo será de «Reforma Interior», como el de ampliación de Santa Teresa, o de «Protección del patrimonio natural, del paisaje y conservación de determinados lugares o perspectivas del territorio». Esperamos saber si su ámbito de aplicación será toda la Vega Baja, esa unidad geográfica, histórica y cultural, coincidente con el ámbito de protección del Ministerio de Cultura, de la UNESCO y del Plan Especial del Casco Histórico de 1997, o si, por el contrario, se restringirá al espacio resultante de la unión de los diferentes BIC de Vega Baja, como algunos han sugerido, dejando fuera todo lo demás.
Por otro lado, ¿cuál será el encaje de ese Plan Especial en el POM? , cuyas «bases para su formulación», había dicho el concejal de urbanismo en febrero, estarían listas antes de este verano, así como «el análisis de la situación de Vega Baja» (ABC, 14/02/2020). El anuncio de licitación del pasado 20 de julio para la redacción del Plan Especial de Vega Baja, que deberá estar elaborado para dentro de un año, y quizás por un equipo distinto al del POM, añade más complejidad y dilación, con la única ventaja para el equipo de gobierno de poder seguir haciendo más declaraciones como prueba de laboriosidad y dedicación a los asuntos públicos. Mientras tanto, la Vega Baja, continuará como un «barbecho urbano» , envuelta en sus conflictos legales y alejada de las propuestas que no nos cansamos de repetir: un espacio libre de nuevas construcciones, con recuperación de la historia, la naturaleza y la integración con el río, un lugar de convivencia y encuentro para toda la ciudad e, incluso, como nueva oferta para el turismo, que ya lo fue. Se mantendría así todo su entorno como protección de paisaje y para asegurar la vista del Conjunto Histórico, dentro de unos límites ya definidos, que no hay que buscar en ningún sitio, salvo que la verdadera intención sea la de reducir las protecciones actuales a una superficie menor, dejando el resto para la especulación inmobiliaria y la financiación municipal, basada en la creación constante de suelo urbano, como en la época de la burbuja inmobiliaria, en abierta contraposición con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 (ODS), a cuya Red de Entidades Locales se adhirió entusiásticamente el pleno del Ayuntamiento del 25 de junio de 2020. Esperamos que esa adhesión no suponga una contradicción más del equipo de gobierno y de la corporación municipal y sirva realmente para comprender el sentido de nuestras propuestas para la Vega Baja.