Legalidad y límites físicos de la Vega Baja de Toledo

Es evidente que en todo Estado de derecho el respeto a la ley asegura la igualdad de los ciudadanos, sus derechos y libertades, y el cumplimiento de deberes y obligaciones individuales y colectivas que garantizan el funcionamiento de la sociedad, la política y la economía. El respeto a la norma, empezando por la Constitución, permite resolver conflictos entre intereses encontrados, normales en toda sociedad, y la gobernanza hace posible el bien público, pero siempre dentro de la ley. Ahora bien, si esto es así, no lo es menos que la falta de cumplimiento de la ley es frecuente cuando se trata de la ordenación del territorio , y más cuando se contraponen intereses urbanísticos y de conservación del patrimonio, del cual el paisaje es parte. Es habitual que la ley sea entonces ignorada, vulnerada y, en el mejor de los casos, modificada para fines especulativos y siempre en detrimento del patrimonio, que, por tratarse de la historia, la identidad y la idiosincrasia de los pueblos, bienes no materiales, los actores económicos de la ciudad consideran prescindibles, cuando no remora para la modernización. Para comprender esta afirmación no hay que pensar más que en palabras aplicadas a la Vega Baja: «Allí no hay más que 4 zanjas y dos monedas».

En ese conflicto de intereses entre construcción y patrimonio, el de la Vega Baja y La Peraleda es uno de los más graves desde hace décadas, entre otras cosas porque están en juego claves de la identidad colectiva de la ciudad, de la nación y de los orígenes de Europa, y paisajes únicos por sus valores y vistas del Monumento Histórico protegido desde 1940. Además, ese espacio es parte del patrimonio inmaterial a través de las vivencias íntimas y sentimientos de los toledanos, de quienes han conocido sus huertas, han jugado y paseado por sus campos. Sin embargo, con ser importante todo eso, y siendo consciente del escaso eco en los responsables públicos de los argumentos científicos que demuestran el valor del lugar a través fuentes históricas, literarias y representaciones plásticas, no cabe más que insistir en la necesidad de respeto a la ley. Precisamente su incumplimiento ha sido el motivo de la denuncia por expoliación de patrimonio ante el Ministerio de Cultura y posteriormente a la UNESCO por integrantes de la plataforma «Toledo, Sociedad, Patrimonio y Cultura» y cuyas principales consecuencias por el momento han sido el informe de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y el de ICOMOS que ratifican los daños y amenazas al patrimonio denunciadas.

Cuando hablamos de respeto a la ley, no se puede ignorar que Toledo, como Monumento Histórico desde 1940 y Ciudad Patrimonio de la Humanidad desde 1986, se halla bajo el amparo del Estado y de la UNESCO, y eso exige especial respeto a la Constitución, a la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985, a la ley de Patrimonio Cultural de Castilla la Mancha de 2013, a las obligaciones con la UNESCO, al Convenio del Paisaje Europeo de 2000, e incluso, al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y la obediencia a esa normativa se refiere no sólo al espacio intramuros sino también a su entorno: los Cigarrales, los accesos por carretera y las Vegas , es decir, lo protegido desde 1940 y de manera más precisa desde 1968 por las Instrucciones de la Dirección General de Bellas Artes. En ellas se marcan unos límites no objeto de mercadeo con intereses ajenos a los del patrimonio: la carretera de Ávila, avenida de Barber, con el barrio de Palomarejos, por un lado, y la avenida de la Reconquista por otro, y se dice «fuera del barrio de Palomarejos y de los Bloques de la Reconquista, debería ser conservado como parque natural o zona de explotación agrícola, servirá de fondo y protección a la zona arqueológica del circo romano». En 1985, el Informe del Ministerio de Cultura en apoyo de la candidatura de Toledo como Ciudad Patrimonio de la Humanidad repite esos límites, incluidos luego como «conos visuales» en el Plan Especial del Casco Histórico de 1997 y dentro de la Zona de Amortiguamiento de la UNESCO.

Por eso, ¿cómo entender la previsión de 1.698 viviendas en la Vega Baja y 5.300 en La Peraleda? El resultado sería la afección de un entorno protegido, la desaparición de vestigios arqueológicos y la pérdida de las actuales vistas del Conjunto Histórico desde las Vegas. Sorprende, pues, la falta de sensibilidad del pleno municipal ante estos valores protegidos por la ley y que nadie puede vulnerar. Y ahora, en tiempos de COVID, ¿se seguirá opinando que el patrimonio no genera plusvalía y que no es un recurso fundamental de la economía local? ¿Se mantendrá que la Vega Baja no es más que unas cuantas piedras? ¿Acaso los turistas que vienen a Toledo no lo hacen atraídos también por sus paisajes? ¿Permanecerá impasible la UNESCO si se producen más avances edificatorios sobre la Vega Baja?

En la búsqueda de resquicios legales para hacer compatible edificación y patrimonio, ¿se puede pensar en reducir la protección de la zona a un Plan Especial de las superficies calificadas como BIC, por más que se unan en un continuo como defienden algunos en justificación de intereses municipales? ¿Se podría creer que los restos arqueológicos no se extienden más allá de la línea divisoria de los BIC? ¿Y qué decir de la insistencia de otros en la terminación de la fachada de la Vega Baja? ¿Acaso no es una justificación para avanzar las edificaciones hacia el río, con el cuartel de la Guardia Civil incluido? ¿A quién le puede parecer bien un poblado obrero envuelto por construcciones de 5 plantas?, uno de los elementos paisajísticos e identitarios de la zona que debería tener niveles de protección superiores a los actuales. ¿Y qué decir del nuevo POM que se nos promete? ¿Será respetuoso con la legislación existente, con la conservación y protección de la Vega Baja y La Peraleda en su integridad, como ahora? ¿O se plegará a un avance edificatorio para generar plusvalías, dejar ventanas arqueológicas, huecos ajardinados y rendijas arquitectónicas para ver la ciudad histórica desde la distancia? Y eso siempre que no nos acerquemos a los recientes bloques de Santa Teresa, con más de 5 plantas sobre rasante y ejemplo de lo que resultaría de seguir adelante con los proyectos edificatorios en la Vega Baja y La Peraleda.

En conclusión, una vez más y antes de males mayores para el patrimonio de nuestra ciudad, llamamos la atención sobre la necesidad de mantener la integridad de la Vega Baja y La Peraleda, conservando sus paisajes , poniendo en valor los vestigios del pasado y recuperando valores medioambientales. Eso se consigue respetando la legislación vigente, evidentemente, susceptible de mejora, pero no de manipulación y de subterfugios que destruyan la identidad colectiva de Toledo, la historia de una ciudad que también lo es de la Humanidad. Confiamos, pues, que el nuevo POM sea consciente de todos estos hechos , ya que de otro modo estaríamos ante los riesgos de inicio de procesos legales que le podrían abocar a la situación final del aprobado en 2007 y anulado definitivamente por Orden de la Consejería de Fomento 40/2018, de 14 de marzo.