Inundaciones ¿cambio climático o urbanización?

Durante la segunda semana de septiembre hemos vuelto a contemplar inundaciones en los pueblos de la provincia de Toledo y en otros lugares de Castilla-La Mancha. Las escenas son siempre las mismas: avenidas de agua por las calles, casas y garajes inundados, graves perjuicios materiales y, en casos extremos, pérdida de vidas.

Pasadas las precipitaciones, generalmente asociadas a una gota fría, se repiten también la evaluación de los daños, las promesas de ayuda, la intervención de las compañías de seguros y la presencia de políticos garantizando reparaciones y la reconstrucción. Mientras tanto, la opinión pública, sorprendida por precipitaciones que se suelen considerar las más virulentas conocidas, aunque en realidad pocas veces sean superiores a otras anteriores: recordemos las inundaciones del año pasado en agosto en Cobisa o Burguillos, o en Cebolla, a principios de septiembre. Está demostrado el comportamiento psicológico que lleva a las personas a reducir pronto la importancia los desastres naturales del pasado para justificar su existencia en esos mismos lugares.

Dentro de nuestra provincia, las últimas inundaciones han sido las de Mora, Tembleque, La Guardia, Urda… el 14 y 15 de septiembre, provocadas por una gota fría o depresión en altas capas de la atmósfera (DANA), que se produce por la irrupción de una masa de aire muy frio en niveles altos de la atmosfera chocando con aire caliente y húmedo en las capas bajas, sobre el Mediterráneo. Las consecuencias son conocidas: precipitaciones muy intensas en forma de agua y granizo y con excepcional concentración horaria, con registros como los de Mora (26,8 l/m2) o Tembleque (34,61 l/m2), aunque lejos de los de Toledo (89,6 l/m2) el 11 de octubre de 2008, de modo que rápidamente encharcan tierras bajas, y provocan avalanchas de agua donde hay pequeños arroyos, cauces o cursos de agua, secos la mayor parte del año, convirtiéndolos en torrentes que arrastran cultivos, vehículos y mobiliario urbano.

Ante esos hechos la opinión pública tiende a achacarlos predominantemente al cambio climático, con manifestaciones comprobadas como el aumento medio de las temperaturas, la mayor frecuencia de los eventos meteorológicos extremos, su anticipo en el tiempo y modificaciones en la distribución geográfica de las precipitaciones, como sucede en la cabecera del Tajo. Otros culpan de las inundaciones, en primer lugar, a no limpiar los cauces y riberas de los ríos, con acumulación de ramas, cañas y vertidos incontrolados. Sin embargo, sin negar esas indudables realidades, una causa principal es el urbanismo dominante desde los años 70, con proliferación de urbanizaciones de unifamiliares y abandono de los núcleos históricos, sobre todo en los municipios que han experimentado mayor crecimiento, como Cobisa, con un 1.382 % de población respecto a 1950. Las superficies artificiales facilitan la escorrentía, y el interés de promotores y constructores reduce al máximo la anchura de los viales y las dimensiones del alcantarillado, a menudo sobre cursos de agua que se consideran desaparecidos o que han sido soterrados, y cuyo recuerdo perdura en los nombres de las calles (de la Arroyada en Cobisa y Sonseca, o Arroyo en Mora).

Estos sucesos se repiten año tras año por el escaso respeto de los desarrollos urbanísticos a la legislación del suelo. A modo de ejemplo, la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana (Real decreto legislativo 7/2015, de 30 de octubre) y la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística de Castilla La Mancha (Decreto legislativo 1/2010, de 18/05/2010) obligan a estudios previos de evaluación ambiental. Y de igual modo, exigen la inclusión detallada de la red de evacuación de aguas y su capacidad de drenaje en todo «Programa de Actuación Urbanizadora» (PAU). Así mismo, se define el control de las administraciones públicas sobre el proceso urbanístico, con especial responsabilidad para los ayuntamientos, a quienes compete la aprobación inicial de los «Planes de Ordenación Municipal Urbana» (POM) y de los «Programas de Actuación Urbanizadora» (PAU), y su sometimiento a criterios medioambientales.

Por otro lado, la urbanización debería respetar los mapas de peligrosidad y riesgo por inundación de las Confederaciones Hidrográficas, así como la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de 23 de octubre de 2007, relativa a la «Evaluación y la gestión de los riesgos de inundación», y el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, que la traslada a nuestro ordenamiento jurídico. El objetivo es reducir daños para la salud, el medio ambiente, el patrimonio cultural y la actividad económica. Sin embargo, se puede comprobar como las inundaciones de Cobisa o Cebolla (30 l/m2) en 2018 y las del último 15 de septiembre en Mora (41 l/m2 en 24 horas) se producen en zonas de riesgos perfectamente identificadas y urbanizadas, por donde en el pasado discurrían cursos naturales de agua, ahora interrumpidos por la urbanización y canalizados, pero sin capacidad para evacuar el agua caída en situaciones extremas de fuerte tormenta o de gota fría.

Ante la recurrencia de las lluvias catastróficas e invasión de cursos de agua por la urbanización, con desprecio de los mapas de riesgo, es evidente que las inundaciones tendrán que ser achacadas más a la deficiente gestión de las administraciones públicas, especialmente de los ayuntamientos, que no han tenido suficientemente en cuenta la geografía del lugar y los imperativos legales. No se trata, pues, tanto de desastres naturales impredecibles, como los sismos y huracanes tropicales, sino de fenómenos previsibles, cierto que extraordinarios y cada vez más frecuentes, pero evitables en sus consecuencias o con posibilidad de reducirlas si se observara la geografía del lugar y sus condicionantes medioambientales. Invito al lector a comprobar si las inundaciones de Cobisa, Mora, Cebolla…, altamente recurrentes, han afectado mucho a su iglesia principal y edificios históricos. ¿No será que nuestros antepasados prestaban más atención a los condicionantes del lugar y se movían por criterios distintos a los de un urbanismo irresponsable y especulativo que algunos, incluidos políticos, consideran exponente de modernidad y de desarrollo local?

En estas circunstancias, no cabe más que exigir la realización de obras que permitan la seguridad efectiva de las zonas ya urbanizadas, supliendo lo no hecho en su momento y poco controlado por los ayuntamientos, ahora, destinando fondos para corregir deficiencias y errores, ya no privados, como sí lo fueron los beneficios obtenidos por los promotores de las urbanizaciones en riesgo, sino aportados por toda la ciudadanía a través de los impuestos, pero que siempre supondrán un coste menor que las obligadas reparaciones e indemnizaciones cada vez que se desencadena una evento meteorológico extraordinario, y sobre todo, con la finalidad de garantizar la integridad de las personas.