Acuerdo histórico con el Cermi

Una afonía ha impedido este martes al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, estar presentes durante la firma de un importante acuerdo de colaboración para la mejora de la atención a la discapacidad entre el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad ( Cermi ) de Castilla-La Mancha, la Consejería de Bienestar Social y la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, un acuerdo que viene a cumplir con el compromiso que García-Page adquirió en su toma de posesión cuando afirmó que quería ser «más presidente de las personas con discapacidad que del resto», palabras que, según confesó ayer, Cristina Gómez, presidenta del Cermi en la región, llegaron a emocionarla.

Fue la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez , quien finalmente presidió el acto en el Palacio de Fuensalida para dar luz verde a este acuerdo pretende dar estabilidad al movimiento asociativo de la discapacidad en relación al convenio laboral a nivel nacional que establece unos incrementos de costes laborales próximos al 10%, que se añaden a la subida del Salario Mínimo Interprofesional.

La titular de Bienestar Social explicó que, cada día, «más de dos mil profesionales trabajan para atender a las más de diez mil personas con discapacidad en Castilla-La Mancha ». En la región existen más de 250 recursos para ello y, en esta última legislatura, más de 200 profesionales se han podido incorporar para llevar a cabo esta tarea. Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha atiende diariamente a más de 10.000 personas con discapacidad en los diferentes dispositivos especializados de atención: centros ocupacionales, servicios de capacitación, centros de día, viviendas tuteladas, residencias, centros para discapacidad grave o centros de atención temprana. Para ello destina 1,9 millones de euros al día al Estado del Bienestar, Sanidad, Educación y Bienestar Social, según datos de la Junta.

Por su parte, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas resaltó que este acuerdo está en sintonía con la política presupuestaria del Gobierno de García-Page , en el sentido de que favorece la cohesión social, es sostenible y mejora la competitividad en este ámbito. Dentro de las competencias de Hacienda y Administraciones Públicas, Ruiz Molina destacó las actuaciones que se van a llevar a cabo en el ámbito de la discapacidad, entre las que ha resaltado blindar con rango de ley la reserva a centros especiales de empleo de un 10 por ciento de la contratación pública.

Además, también se modificará la Ley de acceso a la función pública para que los temarios y las pruebas puedan estar adaptados a las personas con discapacidad intelectual y, en ese momento, se convocarán las 37 plazas de Administración General reservadas a personas con discapacidad que se aprobaron en las Ofertas de Empleo.