Zepas, «un atentado contra los agricultores»

Muy crítico se han mostrado el secretario regional de Asaja, José María Fresneda , y la presidenta de la organización en Toledo, Blanca Corroto , con los planes de gestión de las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) que pretende aprobar la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha , al considerar que es un «atropello» hacia los agricultores de la región.

Y es que después de un año de negociaciones, cuando se presentó el primer borrador de los planes de gestión de estas zonas, que era «un atentado al sistema productivo», ya son cuatro los borradores presentados y aún así, aunque se han conseguido mejoras, son, en opinión de los responsables de Asaja, totalmente perjudiciales para los agricultores y ganaderos afectados.

«Existe mucha confusión, incertidumbre y miedo entre los agricultores», ha indicado José María Fresneda, que ha pedido que se paralice de forma inmediata el borrador y se haga uno totalmente nuevo y que se tengan en cuenta los que funcionan en regiones vecinas como Extremadura, Castilla y León o Andalucía, «que premian al agricultor afectado por una zona Zepa y no lo castigan como ocurre en Castilla-La Mancha».

Y es que para los responsables de Asaja, los redactores de los planes de gestión de las Zepas en la Consejería de Agricultura no han tenido ningún rigor ni técnico ni medioambiental y lo único que hacen es poner limitaciones, «cuando el primer objetivo, como ocurre en Extremadura, debe ser mejorar la calidad de vida de sus habitantes».

«Sólo pedimos planes de gestión iguales que en el resto de regiones de España y de Europa », ha indicado Fresneda, quien asegura que «sólo nos quedan los tribunales y la calle» si desde la Consejería de Agricultura no se retira el borrador.

Blanca Corroto ha recordado que entre las limitaciones a las que se enfrentan los agricultores y ganaderos es a no poder plantar viñedo en espaldera, no poder construir naves para ganadería de intensivo, pero lo que es peor, el agricultor se enfrenta a una incertidumbre jurídica, pues los permisos o prohibiciones dependerán del funcionario de turno.

Son 250.000 hectáreas y cientos de municipios afectados por estos planes de gestión que, en opinión de Asaja, priman por encima de todo las teorías de los grupos ecologistas.