Sale a información pública la Estrategia contra la Despoblación, con casi 200 medidas
Durante un periodo de 30 días la ciudadanía y las entidades que lo deseen podrán hacer las alegaciones que consideren oportunas
La Estrategia contra la Despoblación de Castilla-La Mancha estará expuesta desde este viernes a un periodo de información pública durante un periodo de 30 días para que la ciudadanía de la comunidad autónoma y las entidades que lo deseen hagan directamente las aportaciones que consideren oportunas.
El vicepresidente de la Junta, José Luis Martínez Guijarro, se ha reunido este lunes con CCOO, UGT, Cecam, Recamder y FEMP para presentarles la Estrategia, que también se debatirá en cada uno de los diez consejos asesores por los que ya pasó la Ley de Medidas Económicas, Sociales y Tributarias frente a la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha.
Se trata de un proyecto con casi 200 medidas concretas, cuyos objetivos son favorecer la fijación de población en el medio rural, garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales y una apuesta por la cohesión económica, social y territorial. Algunas de esas medidas las implantará directamente la Administración regional y otras serán en colaboración con otras instituciones. «Son 196 medidas con un ámbito temporal de diez años con dos periodos de revisión, uno a los cuatro años (2025) y otro a los ocho (2029) en una estrategia que contará con su memoria económica», ha asegurado Martínez Guijarro.
Así pues, se ha referido a la telemedicina, al desarrollo del contrato-programa de formación para enseñanzas no obligatorias o a que los jóvenes que vivan en estos lugares puedan acceder a FP en grado superior o a la universidad sin que sus familias tengan que pagar las tasas. En cuanto al contrato-programa, ha especificado que una vez terminada la formación, «si el joven desarrolla su actividad profesional en una zona despoblada, se convierte en subvención a fondo perdido por parte de la comunidad autónoma».
Mientras, para los niños de cero a tres años, se pondrán en marcha centros infantiles en colaboración con los ayuntamientos y la incorporación de esos niños en los colegios públicos ya existentes, con apoyo de personal extra en aquellas zonas donde no se puedan construir nuevos centros. En cuanto a servicios sociales y teleasistencia, se pretende que haya un servicio itinerante de comidas a domicilio y garantizar la atención residencial en cada una de las comarcas.
Por otro lado, el vicepresidente de la Junta cree que otro de los «grandes retos» es un sistema de transporte a demanda, que considera «absolutamente clave» para tener éxito en la lucha contra el despoblamiento. También se contemplan 91 medidas de diversificación de la actividad económica, en las que se incluyen la bioeconomía, un programa de captación de talento, el apoyo a empresas o un programa de relevo y de traspaso de negocios.
En cuanto al apoyo a las familias, se prevé un programa de cuidados a menores de 14 de años, el acceso a la vivienda con una bolsa donde se ponga en contacto la oferta con la demanda, un programa de rehabilitación de vivienda y la política de desgravación fiscal para quien compre, construya y rehabilite una vivienda para domicilio familiar. Además, habrá una red de puntos de recarga para el coche eléctrico y un impulso para el acceso a las nuevas tecnologías.
El presidente de Recamder, Jesús Ortega, cree que tras más de un año de pandemia, se ha demostrado que hay «calidad de vida» en el medio rural. El secretario regional de UGT, Luis Manuel Monforte, considera que es una apuesta «tan ambiciosa» y «firme» contra la despoblación «que va mejorar en un plazo largo de diez años la calidad de vida de los castellano-manchegos».
El secretario regional de CCOO, Paco de la Rosa, valora la «valentía» de la Junta por abordar este problema no solo con una ley, sino también mediante un conjunto de estrategias para que «esto no sea solo negro sobre blanco o un documento aparente». Finalmente, el secretario general de Cecam, Félix Peinado, espera que las medidas que tengan su reflejo en la normativa nacional porque las competencias fiscales de la comunidad autónoma «son reducidas».
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