Propuestas y deberes pendientes sobre la despoblación en Castilla-La Mancha
Cs y PP urgen al Gobierno de Page a abordar este asunto en las Cortes regionales
Aunque algunos agoreros pensaban que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, sus profecías fallaron afortunadamente. Pero lo que sí se ha cumplido en este tercer milenio, tal como otros muchos predijeron ya desde hace décadas, es el éxodo rural y la crisis demográfica que está sufriendo gran parte de la España interior, vacía o vaciada, como se le llama de un tiempo a esta parte.
Llama la atención, en este sentido, que desde ese año 2000, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) , el 63% de los municipios de España ha perdido habitantes. Mientras, la población del país ha crecido en cerca de 6,2 millones de personas. Una situación dentro de la cual Castilla-La Mancha es un ejemplo paradigmático, ya que durante este tiempo 363 localidades —un 39,5% del total— han perdido más del 25% de la población.
Para combatir esas cifras y las consecuencias que está generando la, cada vez mayor, despoblación del campo de Castilla-La Mancha, las administraciones no paran de hablar y de dar ideas sin concretar, pero todavía queda una ingente tarea pendiente por hacer para atender a estas zonas tan castigadas de la España vaciada. La última de esas propuestas fue la que ofreció el pasado miércoles en Sigüenza (Guadalajara), durante un congreso sobre el tema, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro , quien anunció la apuesta del Gobierno castellanomanchego por un marco fiscal propio para estas áreas tan despobladas.
Nuevo marco fiscal
En este foro, Martínez Guijarro propuso que este nuevo marco fiscal debe ser la nueva dirección en la que ir en la lucha contra la pérdida demográfica que se desarrolla en el mundo rural. Durante su intervención, señaló la importancia de garantizar los servicios básicos públicos en las zonas despobladas, una necesidad que, sin embargo, se encuentra con un problema como es la financiación.
En este sentido, el vicepresidente recordó que el Ejecutivo castellanomanchego se está haciendo «verdaderos esfuerzos» para mantener estos servicios sanitarios, educativos, sociales, de atención a la dependencia, de recogida de residuos o de suministro de agua en el medio rural donde el coste «es infinitamente mayor». Para eso, dijo que Castilla-La Mancha va a reclamar al Gobierno de España «un sistema de financiación que contemple el coste de los servicios públicos en el medio rural porque, si no existiesen las comunidades autónomas, los tendría que pagar el Estado».
Por su parte, desde Ciudadanos y el Partido Popular urgen al Gobierno regional a que aborde todo lo relacionado con la despoblación en el marco de la Comisión que a tal efecto se creaba por unanimidad de los tres grupos parlamentarios el pasado mes de julio en las Cortes de Castilla-La Mancha. Así han reaccionado ambas formaciones después de que el Ejecutivo autonómico avanzara al inicio de noviembre su intención de suscribir un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha antes de que acabe el 2019 y de crear una ley sobre esta materia que esté operativa en 2021.
En declaraciones a Europa Press, la portavoz de Ciudadanos en el Parlamento regional, Carmen Picazo, apremió al PSOE a que convoque cuanto antes la Comisión de Despoblación , que a instancias de la formación naranja se creó en el Parlamento autonómico y que, de momento, sólo se ha celebrado una vez. Justifica la premura en que al ser una comisión de estudio tan solo tiene un año de vigencia «y hay poco tiempo».
El diputado del PP Benjamín Prieto, responsable de redactar la ley contra la despoblación que este partido va a presentar en las Cortes, criticó también que el vicepresidente José Luis Martínez Guijarro diera cuenta de las intenciones del Ejecutivo en esta materia de forma «extraparlamentaria». «Además en esa comisión no se habló ni de pacto ni ley. Es un brindis al sol», añadió el parlamentario popular, para quien esa comisión tiene carácter mediático, pues con su intención de dotarse ahora de una ley el Gobierno regional ha terminado dando la razón a su formación, que ya trabaja en ella.
Un pacto, antes de fin de año
Por otro lado, la diputada socialista María Jesús Merino se mostró convencida de que hasta que no pase el «parón» navideño dicha comisión no se volverá a celebrar, pues en las semanas que restan el Parlamento regional estará centrado en el debate de los presupuestos y «no queda margen de maniobra». Sobre si el Pacto contra la Despoblación, que pretende cerrar antes de fin de año el Gobierno regional , hace que el grupo de trabajo creado en las Cortes pierda fuelle, la también alcaldesa de Sigüenza defendió que, al contrario, ya que ayudará a aportar medidas, pues los tres grupos parlamentarios han mostrado «sintonía» a la hora de generar sinergias para frenar la «lacra» que supone la pérdida de habitantes de las zonas rurales de la región.
En este sentido, el comisionado del Reto Demográfico, Jesús Alique, explicó que el Gobierno regional continúa con la ronda de contactos con los agentes sociales y económicos de la región para sellar «pronto» el Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha.
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