Primera oficina de gestión de bienes procedentes de delitos
Funciona en Cuenca desde el 1 de marzo
![El ministro de Justicia, junto al presidente del TSJCM y el fiscal jefe en su visita a la Oficina](https://s3.abcstatics.com/media/espana/2016/03/07/justicia--620x349.jpg)
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá , ha visitado la primera Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA), que funciona en Cuenca desde el pasado 1 de marzo y que se quiere extender a todo el territorio español antes del próximo año.
La oficina permite la localización, recuperación, administración y gestión de los bienes procedentes de actividades delictivas, según ha informado el Ministerio de Justicia.
Además de auxiliar a las fiscalías en las investigaciones patrimoniales, también funciona como una herramienta al servicio de los juzgados y tribunales en el marco de los procesos penales.
El objetivo del Ministerio es que el próximo 1 de junio la ORGA amplíe su funcionamiento al resto de Castilla-La Mancha , que el 1 de octubre se aplique en el resto de comunidades autónomas donde tiene competencias el Ministerio de Justicia y que el 1 de enero de 2017 esté ya operativa en todo el Estado.
Según ha recordado Catalá, el Ministerio de Justicia soporta unos costes muy elevados debido a la gran cantidad de bienes decomisados almacenados en sus depósitos y, como no existían órganos especializados, se ponían a disposición de los órganos jurisdiccionales, «lo que superaba su capacidad de gestión».
Este sistema ha demostrado ser ineficaz ante el creciente número de delitos y la complejidad de los entramados criminales , ha asegurado Catalá. Frente a esto, ha defendido que la ORGA va a permitir «optimizar» los frutos obtenidos de los decomisos y hacer frente con ellos a las indemnizaciones penales reconocidas a las víctimas, y también a impulsar proyectos sociales de apoyo y asistencia a éstas.
El ministro ha resaltado que esta oficina nace del interés por « atajar la delincuencia organizada y luchar contra la corrupción con el fin de evitar que los delincuentes y las redes criminales se aprovechen de los bienes obtenidos de forma ilícita».