La Mesa de la Función Pública se reunirá este miércoles para hablar de las 35 horas

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha convocado para este miércoles la Mesa de la Función Pública para informar a los sindicatos sobre la decisión del Gobierno central de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reducción de la jornada laboral de los empleados públicos de la Junta a 35 horas semanales.

La reunión estará presidida por el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, y se celebrará a partir de las 9:30 horas en el edificio de la Escuela de Administración Regional en Toledo.

La coordinadora del Área Pública de CCOO en Castilla-La Mancha, Chelo Cuadra , ha informado a Efe de que recibieron la convocatoria de reunión este lunes, después de haber manifestado públicamente la necesidad de recibir información directa por parte del Gobierno regional sobre este asunto.

Cuadra ha indicado que de la reunión espera «una explicación sobre cuál es la situación jurídica de la implantación de las 35 horas» y «cuáles son las iniciativas que por parte del Gobierno autonómico se van a poner en marcha» para que esta jornada laboral siga en vigor.

«Es un tema que nos preocupa desde hace tiempo, el Gobierno central ha mostrado siempre un especial empeño en que no siguiera adelante esta ley que se firmó en esta comunidad», ha lamentado la representante sindical.

Con ello, ha advertido de que su derogación supone «un paso atrás tanto en la recuperación de derechos como en la recuperación de servicios», especialmente en el ámbito sanitario, según ha recalcado.

En este sentido, ha señalado que la reducción a 35 horas semanales de la jornada laboral de los empleados públicos ha permitido, hasta el momento, la contratación de unos 300 profesionales sanitarios y está prevista la contratación de otros 150 facultativos.

La jornada laboral de 35 horas semanales de los empleados públicos en Castilla-La Mancha, que se aplica desde el 1 de enero, fue fruto de un acuerdo en la Mesa de la Función Pública y, a continuación, se tramitó en las Cortes de Castilla-La Mancha como una proposición de ley, que contó con el voto favorable de PSOE y Podemos y la abstención del PP.