La Justicia condena a la Junta a pagar medio millón de euros a 41 trabajadores de la limpieza (38 mujeres)
El sindicato CCOO también ha conseguido que la Diputación de Toledo se haga cargo de los 135.000 euros adeudados por Netalia a empleados de la limpieza de la residencia San José afiliados suyos
Las 41 personas afiliadas a CCOO que se ocupan de la limpieza de las sedes de la consejería de Bienestar Social y de su Delegación de Toledo, cobrarán al fin las nóminas correspondientes a los siete primeros meses de 2021 que les dejo sin pagar la tristemente famosa Netalia Servicios Integrales SL, adjudicataria del servicio hasta el pasado 31 de julio, cuando cesó su contrato con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y se marchó sin abonar tampoco los correspondientes finiquitos.
El juzgado de lo Social número 2 de Toledo , en una sentencia ya firme, ha condenado a la Junta a asumir solidariamente las deudas salariales acumuladas por la contrata, que ascienden a cerca 235.000 euros, a los que hay que añadir el 10% de mora, según informa el sindicato CCOO en una nota de prensa.
Las cuantías a percibir por cada trabajador oscilan entre los 12.000 euros y los apenas 400, en función de la categoría y, sobre todo, de la jornada laboral de cada una de las personas afectadas, de las que 38 son mujeres y tres varones.
«Todas, en todo caso, lo han pasado muy mal durante mucho tiempo. Ellas y sus familias. Sus economías familiares sufrieron siete meses de suma escasez. Muchos de sus hogares, donde esos salarios son el único dinero que entra, se quedaron sin ingresos durante todo ese tiempo, agotando los exiguos ahorros, solicitando préstamos a familiares y amigos, dejando recibos sin pagar y endeudándose con nuevos créditos, aplazando compras, pasando penurias», indica Carlos García Montoya , responsable de Negociación Colectiva de CCOO-Hábitat CLM.
El propietario de Netalia, Enrique Blanco , ni siquiera se presentó al juicio, ni envió a nadie en su lugar. Sí comparecieron los representantes de la Junta y del Grupo AMIAB, la empresa que el pasado 1 de agosto sucedió a Netalia en la prestación del servicio y se subrogó todos los contratos.
Ambas empresas y la Administración autonómica fueron demandadas por CCOO en nombre de los trabajadores y las tres han sido condenadas de forma solidaria por la magistrada de refuerzo del juzgado toledano de lo Social; cuyo fallo no ha sido recurrido y ya es firme. El sindicato solicitará de inmediato su ejecución y las trabajadoras y los trabajadores podrán cobrar lo que es suyo.
«CCOO valora la sentencia que lo ha hecho posible; especialmente relevante en su reconocimiento de la responsabilidad solidaria de la Junta en tanto empresa principal», subraya Montoya.
«Las responsabilidades de las contratas saliente y entrante resultan evidentes, la primera en tanto deudora y la segunda en virtud de lo dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores ; que, en caso de sucesión de empresas, obliga inequívocamente al nuevo empresario a subrogarse las obligaciones laborales y con la Seguridad Social del anterior, tal y como recuerda la sentencia del Juzgado de lo Social de Toledo», afirma.
Para determinar la responsabilidad solidaria de la Junta reclamada por CCOO, «la magistrada hace una lectura honesta, progresista y empática con los empleados, del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores; cuya imprecisión conceptual permite otras interpretaciones, a nuestro juicio inaceptables desde un punto de vista ético y, sobre todo, incongruentes con la realidad que entraña la externalización de servicios por parte de las Administraciones Públicas y las situaciones que provocan las contratas que incurren en deudas salariales», señala.
A este respecto, «lo ocurrido con Netalia resulta ejemplar», explica Montoya. «la Junta contrató con esta empresa la limpieza de las sedes y centros dependientes de Bienestar Social en Toledo en octubre de 2019, pese a las insistentes advertencias de CCOO y de las propias trabajadoras sobre su más que dudosa solvencia técnica y sobre todo económica; y pese a la propia experiencia de la Administración autonómica: Netalia sucedió en esta contrata a otra empresa del mismo propietario (el mencionado señor Blanco), Raspeig SL , mercantil que había sido excluida de cualquier concurso público por acumular multimillonarias deudas con la Seguridad Social y con miles de trabajadoras de media España. Incluidas, claro, las que prestaban servicio para la Junta».
Netalia, sucesora de Raspeig, «no tardó ni tres meses en seguir sus pasos. Ya en las navidades de 2019 incurrió en sus primeros impagos salariales. Las mismas trabajadoras que no cobraron de Raspeig, tampoco cobraban de Netalia», indica.
«Se pasaron todo el 2020 cobrando tarde, mal y nunca; y en 2021 ya no cobraron ni una sola mensualidad. Pese a lo cual (y en plena pandemia) siguieron limpiando los edificios de la Junta que tenían encomendados. La Consejería, la Delegación y todas las demás dependencias de Bienestar Social en Toledo pudieron funcionar, con la ‘normalidad’ que en cada momento ha permitido la pandemia, no solo con la limpieza imprescindible, también con las garantías de higiene que exigían las autoridades sanitarias», según cuenta.
«No era de recibo que, con excusas de mal pagador o en función de tal o cual interpretación de algún precepto legal, la Junta quedara eximida de cualquier responsabilidad respecto a los salarios no cobrados por estas trabajadoras. De ahí que CCOO lo haya peleado hasta obtener la sentencia favorable del juzgado de lo Social de Toledo. Una vez más, la labor de nuestra asesoría jurídica ha sido sensacional», destaca Montoya.
«Sí es de agradecer que, una vez determinada su responsabilidad por la magistrada, el Gobierno de Castilla-La Mancha no haya recurrido esta valiosa y valiente sentencia», manifiesta.
Por otro lado, el sindicato CCOO añade a esta nota otra noticia, un poco menos actual pero igualmente importante para otras 22 personas, 19 mujeres y tres hombres, que también trabajaron para Netalia Servicios Integrales SL ; en su caso en la residencia San José de la Diputación de Toledo. También ellas acumularon meses y meses sin cobrar y se quedaron sin finiquito cuando la Corporación provincial cambió de contrata.
En este caso, fue la propia Diputación de Toledo la que, tal y como en su día solicitó el sindicato, depositó en el juzgado de forma cautelar las cuantías suficientes para atender a posibles impagos de Netalia, detrayéndolas de la fianza y de las liquidaciones pendientes de cobro por esta empresa incumplidora. Así, el dinero estaba a disposición de las trabajadoras cuando, como era de temer, Netalia se marchó dejando el previsible reguero de deudas. CCOO agradece muy vivamente la «sensibilidad social» mostrada con esta actuación por parte de la Diputación de Toledo.
Noticias relacionadas
