La Junta se pregunta a quién perjudica que ya hubiera una solución para retirar los neumáticos

«Entiendo que a nadie le beneficia que hubiera el viernes un incendio provocado en el vertedero de neumáticos de Seseña. Pero yo lo que me pregunto es a quién le perjudicaba que el lunes 9 de mayo hubiera, por fin, después de tantísimos años, después de cuatro años de inacción , ¿a quién le perjudicaba y molestaba que hubiera una solución encima de la mesa con presupuesto comprometido, y, además, de una forma innovadora y respetuosa con el medio ambiente, porque pretendíamos coger los neumáticos y convertirlos en combustible para poder alimentar los edificios de la Junta».

Así se ha pronunciado el portavoz de la Junta de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, tras el revuelo que se formó el lunes tras conocerse que el alcalde de Seseña, Carlos Velázquez, había remitido diez días antes de producirse el incendio una carta al presidente Emiliano García-Page , advirtiéndole del problema del cementerio de neumáticos.

El portavoz regional ha cargado contra el anterior Gobierno regional, presidido por María Dolores Cospedal, para asegurar que durante su mandato no se hizo nada con este problema y que el alcalde, también del PP, no reclamó entonces una solución, ni a Castilla-La Mancha, ni a Madrid, ni al Ministerio «todos del mismo signo político».

«No entiendo que sea riguroso, ni serio, ni fiable que un alcalde se acuerde de Page pocas horas antes de un incendio -la carta fue remitida el 2 de mayo y el incendio se produjo el día 13, así que son algo más de 240 horas- y que se hubiera olvidado de todos sus compañeros de partido durante los últimos cuatro años para resolver un problema que llevaba en su programa electoral», ha indicado Hernando.

En una cronología realizada por el portavoz desde el año 2001, con la primera denuncia del Seprona (si bien el cementerio comenzó a finales de los años 90 con gobiernos socialistas en todas las administraciones implicadas, antes incluso de que se proyectara la urbanización de El Quiñón), ha indicado que el 25 de abril de 2011 un auto de una jueza permitía que las administraciones se hicieran cargo del cementerio y al Ayuntamiento disponer de los bienes abandonados. Antes de esa fecha, aunque ya estaban abandonados, legalmente no se podía actuar «hubiera sido lo mismo que robarle a alguien los neumáticos por muy sancionado y por muy condenado que hubiera sido».