Los insolventes no pagan... y se ríen

Las reformas legales, que suelen beneficiar al delincuente, parecen obviar modos eficaces para lograr imponer sanciones a quienes no pueden, o no quieren, pagarlas. Hay insolventes que eluden la acción de la justicia y ocasionan perjuicios muy graves a los que confiaron en su honradez. Interponen astucia propia o asesoramiento para engañar sin considerarse estafa. Esta sociedad hispana, tan generosa, perdona acciones malévolas y se muestra comprensiva con los más sinvergüenzas. Estamos hablando del ámbito civil o mercantil, donde la estafa campa libremente escamoteando la respuesta penal.

Las infracciones administrativas tienen el recorrido muy corto cuando se trata de sancionar a los que no tienen de dónde pagar, que es un porcentaje de los que incumplen habitualmente las leyes. No temen; es más, pueden carcajearse cuando observan al agente de turno tomando nota y extendiendo su acta con los formalismos legales que impone la garantitis patria. Una inútil actividad que sirve para cuadrar estadísticas que huelen a media verdad.

Los delincuentes habituales, cuando se cruzan con una sanción administrativa, se mofan de la acción policial advirtiendo que se está perdiendo el tiempo. Por eso, cuando un agente observa a tipos que jamás serán retribuidos penalmente por la ley puede llegar a ignorar sus actos. Por el contrario, la misma conducta de un ciudadano normal será eficazmente castigada. Un comerciante coloca una marquesina demasiado grande y sufrirá los rigores de la norma. El mantero que instala la sábana en su puerta puede estar tranquilo, nadie le sacará un euro por algo, igualmente, ilegal. Los gorrillas que reclaman dinero por custodiar coches tampoco temen a las multas.

En la esfera penal alcanzamos el colmo. Nuestro legislador, que a veces parece ignora la realidad, decidió eliminar sanciones, aunque leves, para colocarlas en normas administrativas. Supongo que le llevó la sana intención de cobrar multas. Los que reiteran esos actos no pagan. Sus actos podían calificarse como falta o delito con privación de libertad, aunque fuera corta. La justicia inmediata, eficiente, eficaz, ejemplarizadora, que podría controlar delitos pequeños con medidas adecuadas, desaparece para esconderse en una retahíla de trámites en un procedimiento administrativo absolutamente inútil.

Un condenado penal, henchido de garantías, suele ser sentenciado a afrontar la responsabilidad civil y abonar una indemnización, muchas veces resaltada en los medios. En demasiados casos no pagará, porque no tiene o escondió bienes entre su entorno. Lo verán conduciendo un buen coche, dispondrá de vivienda de lujo, llevará adelante un negocio, gastará y disfrutará de viandas que sus acreedores no pueden pagarse. Algo no va bien y debemos arreglarlo, porque los que no pagan, además, se carcajean de la ley, como de la mayoría de quienes la representan.

José Francisco Roldán Pastor , comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía