José Francisco Roldán Pastor
Lo que cuesta un policía
«No es posible entender por qué renuncia la Administración a una indemnización justa y adecuada»
Para comprender las cosas, en ocasiones es conveniente buscar un ejemplo. No es una suposición, es la realidad más dura para alguien que pudo morir en un instante cumpliendo con su deber , que era detener a un traficante de drogas, al que pretendían sorprender con el maletero llevo de grifa (marihuana).
Pocos tienen la capacidad de comprender qué siente el protagonista, sus compañeros o la familia, particularmente los que suelen ver los asuntos desde la impasible frialdad de unos datos sobre documentos o soportes electrónicos. Los sentimientos dejan de fluir cuando los corazones se endurecen con la excusa de aislarse de las emociones, coartada perfecta para los burócratas alejados de lo que otros sienten o padecen.
Como consecuencia del atropello intencionado, un policía ingresó en el hospital con graves lesiones. El temor por su vida dejó paso a unas intervenciones quirúrgicas. Tras ciento sesenta y siete días recuperándose –se adelantó porque los buenos policías no dilatan las bajas-, se reintegró a su trabajo. Ese policía cuesta a la Administración unos 80 euros por día. La multiplicación llega a los 13.430 euros; quebranto que para el servicio público ha supuesto su ausencia por aquel atentado de un presunto traficante de drogas. Por cierto, no sabemos si está en prisión, ni nos interesa.
Cuando se celebre el juicio, entre otros asuntos, se deberá dilucidar si el causante del atropello es culpable de atentado -habrá que esperar la confrontación pública de argumentos legales-. Es lógico imaginar que, si es condenado, la sentencia incluirá la responsabilidad civil con el pago de indemnizaciones, entre ellas, al policía lesionado, que pudo haber muerto.
Sería una tremenda sorpresa, muy agradable por cierto, comprobar que se reclama la cantidad de 13.430 euros para indemnizar a la Administración del Estado, donde el Cuerpo Nacional de Policía se encuadra.
Resultaría espléndido conocer que la Abogacía del Estado, personada en la causa para defender los intereses de la Administración, reclamará esa indemnización económica.
Otra cosa, no baladí, es si el sentenciado podrá pagar esas cantidades de dinero. Si no es así, como suele ser bastante habitual, veremos otro fracaso más de nuestro derecho penal.
De este ejemplo podemos extraer la norma general y solicitar una respuesta decidida en el sentido que queremos darle al asunto. Además del reproche legal en forma de condena para que el reo sea privado de libertad todo el tiempo posible, debemos tratar de cobrarle el coste que supone las ausencias de tantos policías lesionados en acto de servicio.
José Francisco Roldán Pastor , comisario jubilado del Cuerpo Nacional de Policía
