Cuatro pueblos de Castilla-La Mancha, a la cabeza en obras sin declarar
Llanos del Caudillo aparece en 2º lugar, pero detrás van Chozas de Canales (6º), Ugena (14º) y El Puente del Arzobispo (15º)
Aunque aún se sigue utilizando para definir determinados comportamientos, el calificativo de pícaro no es de ahora . En España la picaresca alcanzó su máximo esplendor en el llamado Siglo de Oro de la literatura, periodo que se inicia con el Renacimiento en el siglo XVI y continúa con el Barroco en el siglo XVII... y lo que te rondaré morena.
Pero el personaje del pícaro, del que se nutren algunas historias de las obras más famosas de la literatura española, como «El Lazarillo de Tormes» o «el Guzmán de Alfarache», no es una especie en peligro de extinción aún, ni lo más mínimo. Por nuestra geografía se sigue pudiendo encontrar más de uno de estos ejemplares que siguen haciendo de las suyas.
De hecho, a inicios del siglo XXI hubo una eclosión de la picaresca ligada al boom inmobiliario que se produjo en España. Un comportamiento que fue favorecido por la liberalización del suelo y los desmanes de ayuntamientos de diferente signo político de la mano de los empresarios de la construcción.
Este mal ejemplo que dieron las autoridades públicas y privadas sirvió para que muchos pequeños propietarios se pusieran manos a la obra, nunca mejor dicho, y comenzaran a realizar chapuzas en sus viviendas sin declarar y sin licencia, como ampliaciones, piscinas, terrazas, porches, habitaciones, garajes y otros espacios.
Ante el boquete de ingresos que provocó la crisis en las arcas públicas, el Ministerio de Hacienda inició en 2013 un procedimiento de búsqueda y captura de esas obras que escapaban del control del fisco . El Catastro arrancó así un proceso de rastreo con drones, inspectores en el terreno y fotos por satélite que radiografiaron 7.603 municipios españoles, cuyos resultados salieron a la luz justo hace un mes y de los que ABC dio debida cuenta.
Castilla-La Mancha tiene el dudoso honor de contar con cuatro municipios entre los 15 primeros puestos de España donde más fraude ha detectado el Catastro ; esta comunidad autónoma es superada tan solo por Andalucía, con seis. Los pueblos castellano-manchegos que aparecen en esta lista maldita son Llanos del Caudillo (Ciudad Real) y las localidades toledanas de Chozas de Canales, Ugena y El Puente del Arzobispo.
La palma se la lleva Llanos del Caudillo, con poco más de 700 habitantes, donde se han registrado hasta 312 construcciones irregulares, el 45,7% del total de edificaciones. Estos resultados le han valido para ocupar el segundo puesto de la clasificación, sólo por detrás de Peñarroya-Pueblonuevo, en Córdoba. Entre los fraudes que se han detectado en este municipio ciudadrealeño, donde más se registran es en obra nueva, así como en ampliaciones y rehabilitaciones.
Sin embargo, el alcalde de Llanos del Caudillo, Andrés Antonio Arroyo (PP), que lleva en el gobierno desde 2015, cree que los trabajos realizados por el Catastro tienen «muchos errores». Prueba de ello, según indicó a ABC el regidor llanero, es que en el Ayuntamiento han recibido más de medio centenar de reclamaciones por parte de los vecinos a los que se les acusa de irregularidades a la hora de hacer obras en sus propiedades tanto rústicas como urbanas.
«Errores gruesos»
A su juicio, «son errores tan gruesos como que el Catastro ha considerado el cementerio municipal como si fuera de propiedad privada, al igual que los pozos comunitarios de la Junta, considerar como obras no declaradas los toldos que sobresalen o las piscinas desmontables como si fueran de obra. Todo ello por basarse en imágenes aéreas».
Sí es cierto, reconoce Arroyo, que es la primera regularización que se hace en Llanos del Caudillo. Por eso, recuerda, «la mayor parte de las irregularidades no tienen que ver con obra nueva, sino con ampliaciones, piscinas de obra y obras auxiliares para cubrir su ganado o sus vehículos agrícolas».
Esta situación, en su opinión, «no quiere decir que sean obras sin licencia, sino que no se han notificado al Catastro, que es el que da de alta esa modificación en cada una de las propiedades. Edificaciones que, por consiguiente, aumentan su valor catastral y, por último, se fija la tasa correspondiente, en función del coeficiente de cada ordenanza municipal, que tendrá que pagar cada propietario al Ayuntamiento donde vive».
El alcalde de Llanos del Caudillo dice sentirse «un poco cansado de tantas informaciones que perjudican a la imagen y a la reputación del municipio» . Arroyo se refiere también al hecho de que siempre se relacione a su pueblo con el franquismo por las críticas que se han vertido contra el Ayuntamiento por no cumplir con la Ley de Memoria Histórica, algo por lo que ha ganado un juicio en el contencioso-administrativo. «A la prensa le interesa mucho todo este tipo de noticias», asegura.
El siguiente municipio castellano-manchego en la lista es Chozas de Canales, en el sexto lugar, con 1.679 fraudes, un 34,7% de las edificaciones. En este pueblo toledano de casi 4.000 habitantes hay pocas obras nuevas irregulares, siendo los campos con más ilegalidades las ampliaciones y las rehabilitaciones, así como las reformas y los cambios de uso.
Ugena entra en este particular «top 15» en la décimocuarta posición. En este pueblo de la comarca de La Sagra de más de 5.000 habitantes irrumpen con fuerza las piscinas ilegales, llegando casi al 50% de las irregularidades. En total, se detectaron 1.413 obras irregulares, el 30% de las construcciones que se hicieron. Este municipio toledano que linda con Madrid tiene un gran número de viviendas unifamiliares con piscina, muchas de ellas sin declarar hasta esta operación del Ministerio de Hacienda.
«Es cierto que Ugena fue uno de los municipios que creció exponencialmente durante el boom inmobiliario , al igual que otras muchas localidades de la comarca de La Sagra», recuerda a ABC el alcalde, Jesús García (PSOE), quien reconoce que «es muy difícil controlar o saber lo que hace cada vecino en sus propiedades».
Pero lo que le sorprende es el volumen tan grande de obras sin declarar en su pueblo, sobre todo piscinas. Por eso, cree que, «aunque puede que haya algún pequeño propietario que construyera su piscina u otra obra sin licencia, la gran mayoría compró sus chalés sobre plano con la piscina hecha, por lo que la responsabilidad en esta caso sería del constructor».
García, que lleva en el cargo de alcalde desde 2013, cree que «ningún vecino va a reconocer motu proprio que ha cometido una irregularidad , pero es cierto que por el boca a boca uno se entera». Sin embargo, al igual que destaca su homólogo en Llanos del Caudillo, el regidor ugenero desvela que muchas de las inspecciones están siendo reclamadas por los propietarios, que han acudido al Ayuntamiento para informarse, porque consideran que los datos que ha recabado el Catastro no son veraces.
En Ugena algunos vecinos con los que ha hablado ABC opinan que la lentitud administrativa del Ayuntamiento para conceder licencias de obra están detrás de algunas irregularidades, ya que muchos de los vecinos que quieren hacer una obra en su casa no piden la licencia de obra por la tardanza de la Administrsación local, en algunos casos de hasta varios meses, más allá del coste económico en licencias y tasas. Sin embargo, dudan de que tanta cantidad de propietarios de piscinas lo hayan hecho por esa razón, ya que este tipo de obras son muy fáciles de detectar si no las han notificado al Catastro.
Apuntan a las constructoras
También apuntan a las mismas constructoras que hicieron las urbanizaciones en Ugena como las culpables de este tipo de irregularidades porque, en su opinión, «a estas empresas no les importaría, en su momento, jugársela construyendo sin licencia de obra piscinas en sus promociones sabiendo que les va a salir rentable».
«No es una noticia muy positiva para la imagen de Ugena —reconoce el alcalde—, pero es bueno que todo esto se conozca y afloren estos casos para que la gente sea consciente de que no hay que incurrir en estas irregularidades y para que el Ministerio de Hacienda las solvente».
Tras hallar la irregularidad, Hacienda envía una carta al infractor alertándole del inicio del procedimiento y dándole un plazo de quince días para alegar. En muchos casos se trata de contribuyentes que han declarado al Ayuntamiento, pero no al Catastro. Junto a la misiva, Hacienda añade la tasa que tiene que pagar por las imágenes tomadas: 60 euros por cada inmueble.
Sólo por esta sanción, el Ministerio de Hacienda ha recaudado más de 180 millones de euros en los últimos años, a lo que se suma, sobre todo, el aumento de las cuotas de otros impuestos. Este proceso se prolongó desde 2013 a 2018, aunque, como adelantó ABC, el Gobierno de España lo prolongaría sobre mil municipios este año. De este modo, los ayuntamientos han encontrado una fuente de ingresos inesperada, sin mover un solo dedo.
Noticias relacionadas
