Castilla-La Mancha, tercera región con más diligencias penales en residencias de mayores
El sindicato de CCOO pide unidades de coordinación sanitaria y más financiación
La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene vivas casi 230 diligencias penales —23 de ellas en Castilla-La Mancha— por posibles delitos relacionados con la atención a personas mayores y con discapacidad en residencias y centros durante la pandemia de coronavirus, siendo la tercera Comunidad Autónoma con mayor número.
Ante esta situación, el sindicato de CCOO de Castilla-La Mancha reclamó a la Junta de Comunidades la creación de unidades de coordinación sociosanitaria y un aumento de la financiación para las residencias de mayores, en las que según sus datos han fallecido 2.500 ancianos con Covid-19 o síntomas compatibles con la enfermedad.
En rueda de prensa, la secretaria general de la secretaria general de CCOO-Sanidad y Sectores Sociosanitarios, Chelo Cuadra, señaló la necesidad de un proceso de cambio que dé seguridad a residentes como familiares y a los más de 15.000 profesionales, sobre todo mujeres, en residencias privadas.
Para ello, trasladó dos documentos a las Consejerías de Bienestar Social y de Sanidad, uno donde explican la necesidad de abordar el problema de la financiación con objetivos concretos y pidió que se adopten medidas de manera inmediata, como un aumento de la plantilla, material suficiente de protección y la realización de pruebas necesarias para la detección del coronavirus, tanto a trabajadores como a residentes. Y como medidas con vistas al futuro, Cuadra exigió «cambiar la actual orden de ratios, que data de 2011 y que el PP empeoró en 2013».
Unidades de coordinación
Por otro lado, calificó de «fundamental» la creación de unidades de coordinación sociosanitaria y ha sugerido que en el caso de Castilla-La Mancha, estas unidades de coordinación podrían coincidir con las ocho áreas sanitarias que existen en la actualidad, y que son Albacete, Cuenca, Guadalajara, Toledo, Talavera, Puertollano, Ciudad Real y Mancha Centro.
Cuadra indicó que las consejerías de Sanidad y de Bienestar Social deberían iniciar las negociaciones entre ambas consejerías y con los agentes sociales para impulsar un acuerdo que establezca las condiciones básicas para la implantación de dichas unidades.
También hizo un llamamiento a las patronales del sector para que vuelvan «de inmediato» a la mesa de negociación del convenio colectivo, iniciada en 2018 y que está bloqueado y «sin posibilidad de acuerdo por la negativa patronal a mejorar retribuciones y condiciones laborales».
Por otro lado, confió en que los 100 millones de euros que ha anunciado el Gobierno regional para la renovación de las plazas concertadas en residencias de mayores sirvan para «aumentar el empleo y mejorar las condiciones retributivas» de los trabajadores de las residencias.
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