Castilla-La Mancha recibirá 2.036 millones de los fondos europeos para 2022-2027
Supone «un incremento» de un 22% con respecto al periodo 2014-2020
Castilla-La Mancha tiene asignados un total de 2.036 millones en fondos estructurales para el periodo 2022-2026, un 22% más respecto al 2014-2020 . El Gobierno regional trabaja en desarrollar los programas operativos evitando solapamientos con los de los fondos ‘Next Generation’, «para sacar la máxima rentabilidad y eficiencia de esos recursos económicos que se ponen a disposición de la región».
Así lo avanzó ayer el vicepresidente del Ejecutivo autonómico, José Luis Martínez Guijarro, durante la rueda de prensa que ofreció en un receso de la reunión de la Comisión Regional de Coordinación de Fondos de Recuperación, Estructurales y de Inversión que tuvo lugar ayer, en la que detalló el grado de cumplimiento de los programas operativos del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), del Fondo Social Europeo y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo (Feader).
Del Fondo Social Europeo, tras detallar que la región tiene certificado un 72% en el periodo 2014-21, explicó que, en virtud del periodo 2022-2027, indicó que recibirá 345 millones de euros de los que 200 serán para ejecutar programas de mejora de accesibilidad y empleabilidad. De ese montante, 121 irán dirigidos al empleo juvenil.
Con la cobertura de ese fondo, Castilla-La Mancha también va a destinar 117 millones de euros a políticas de inclusión social y 83 millones a educación y formación de jóvenes de la región. «Aquí tenemos más avanzado el programa, porque tenemos menos problemas de solapamiento con el Fondo de Recuperación y Resiliencia. Incluso en los últimos días ha habido reuniones entre los agente sociales y económicos y la Consejería de Economía, Empleo y Empresas», dijo.
Feder: 78% de los fondos
Respecto al Feder, aseguró que Castilla-La Mancha tiene certificado el 85% del periodo que finalizó en 2021, y que para la siguiente programación tiene asignado 724 millones de euros, lo que supone un incremento del 21% respecto.
«Aquí estamos viendo la manera de evitar los solapamientos con el Fondo de Recuperación y Resiliencia, los que otorgan los diferentes ministerio con cargo al Next Generation y el Feder, pues en muchos ámbitos la posibilidad de adaptación es similar. Aquí hay que hacer un trabajo fino para evitar solapamiento y tener máxima eficacia y eficiencia en la gestión de estos 724 millones en el periodo 2022-2027», admitió.
Por último, respecto al Feder, detalló que la región tiene ejecutado el 78% de los fondos, y que el siguiente periodo, el que va del 2023 al 2027, contempla como novedad la desaparición del programa de desarrollo rural propio de Castilla-La Mancha y que, por ello, se suma al programa nacional que elabora el ministerio. «En ese programa nacional tenemos asignados 964 millones de euros para actuaciones que en materia de desarrollo rural quiera implementar la región», ha indicado.
Fondos ‘New Generation’
En el caso de los fondos ‘Next Generation’, recordó que a la región se le han asignado cerca de 1.500 millones, que va a ejecutar en cerca de 900 actuaciones en materia de infraestructuras de sanidad, educación, política social y en convocatorias de ayudas destinadas al conjunto de la ciudadanía. Hasta ahora, detalló Martínez Guijarro, se han realizado 15 convocatorias, las más importantes relacionadas con la adquisición de vehículos eléctricos.
Otros de los proyectos con cargo a estos fondos europeos van dirigidos a municipios de menos de 20.000 habitantes para renovar redes, en materia de autoconsumo y de mejorar la empleabilidad y el emprendimiento de determinados colectivos con dificultades para acceder a mercado laboral.
«La ejecución de los fondos Next Generation va a velocidad de crucero. A estos 1.500 millones se suman las asignaciones que harán los diferentes ministerios con cargo al presupuesto de 2022, pero aún no tenemos concreción sobre esta cuestión», precisó.
Además, la Comisión de Fondos ha aprobado la creación del Comité Antifraude cuya función será la de realizar el seguimiento, la supervisión y la evaluación general de las medidas antifraude, así como la revisión y actualización, comunicación y difusión del Plan de Medidas Antifraude.
