Castilla-La Mancha pide penar la okupación: «Sale más caro robar un móvil que ocupar una vivienda»
El Gobierno regional y las entidades financieras han acordado en una reunión la creación de un censo de viviendas ocupadas, en torno a unas 40.000, y el presidente Page ha propuesto una fiscalía antiocupación
«Sale más caro robar un móvil que ocupar una vivienda». Así de contundente se ha expresado el consejero de Fomento, Nacho Hernando , que ha pedido que se penalice el problema de la okupación ilegal , que en Castilla-La Mancha afecta a unos 40.000 inmuebles nuevos vacíos que han sido ocupados.
Un problema que este miércoles ha tratado el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page , en una reunión que ha mantenido en el Palacio de Fuensalida de Toledo con representantes de las entidades financieras, propietarios en su gran mayoría de casi todas esas viviendas ocupadas.
De la reunión ha salido una serie de propuestas comunes para hacer frente a la okupación, aunque ambas partes han coincidido en la necesidad de una legislación estatal para abordar este problema, más allá de la Ley contra la ocupación ilegal aprobada en el Parlamento autonómico. Entre ellas, se ha hablado de la creación de un censo común de viviendas ocupadas en Castilla-La Mancha con información compartida entre el Gobierno regional, las entidades financieras y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado .
Para ello, el consejero de Fomento ha anunciado una reunión con la Policía y con la Guardia Civil para ver cuáles serían las líneas de actuación conjuntas. «La okupación no es sólo un problema de vivienda, sino también de orden público», ha manifestado Nacho Hernando, que se ha referido en este sentido a las mafias y a la delincuencia asociada al narcotráfico y a la prostitución en un gran número de viviendas ocupadas.
En la reunión con las entidades financieras, el presidente de Castilla-La Mancha ha planteado incluso una fiscalía antiocupación que permita unificar y que permita que los trámites y los procesos sean homogéneos en toda España a la hora de poder abordar en el proceso jurídico un planteamiento de unidad e integral en toda España.
Además, Hernando ha avanzado que van a elaborar y definir en las próximas semanas un protocolo para identificar y definir los interlocutores entre las entidades financieras, los fondos privados de inversión y el Gobierno autonómico, «mecanismos para poder compartir un diagnóstico certero y rápido para poder comunicarles de forma muy rápida cuándo y dónde se están produciendo ocupaciones ilegales para que esas entidades financieras puedan actuar, en la medida de lo posible, así como una hoja de ruta de acciones que nos permitan de una forma conjunta evitar la ocupación ilegal; o si ya se ha producido, poder resolverla».
El Gobierno regional ha recordado que Castilla-La Mancha ha sido la única comunidad autónoma que ha aprobado un Proyecto de Ley de Medidas integrales para la protección del patrimonio inmobiliario , la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal y contra la ocupación ilegal de viviendas. «Con este proyecto legislativo se pretende impulsar cambios legislativos que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de titulares legítimos que se ven privados ilegalmente y sin su consentimiento de la posesión de su vivienda, así como la protección de la seguridad ciudadana y la convivencia vecinal».
Asimismo, la Junta informa de que ha puesto en marcha un «novedoso Programa de Alquiler con Garantías Especiales que constituye un modelo alternativo a la regulación de los precios del alquiler». El propósito del programa es movilizar vivienda vacía para incorporarla al mercado en régimen de alquiler con precios asequibles, contribuyendo así, a materializar el derecho a la vivienda de aquellas personas que tienen dificultades para poder pagar el precio del alquiler determinado por el mercado en algunas zonas de Castilla-La Mancha. Con este programa se pretende estimular el mercado a través de incentivos al propietario de una vivienda. Para ello, el Gobierno regional fija las rentas máximas de alquiler al que se deberán acoger las viviendas que formen parte del programa y asume el coste del seguro de impagos, de desperfectos del hogar y defensa jurídica durante un año.
Noticias relacionadas
