Las cámaras agrarias provinciales darán paso a un banco público de tierras en Castilla-La Mancha
El consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, cree que están «desfasadas» y tramita una ley para su extinción
El Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha , en su reunión de este martes, ha dado también su visto bueno al anteproyecto de ley para la extinción de las cinco cámaras agrarias provinciales. Unas entidades que, en opinión del consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo , están «desfasadas».
«Hoy no tienen sentido porque existen asociaciones agrarias profesionales», afirmó Martínez Arroyo en una rueda de prensa posterior, en la que explicó que ahora este texto normativo pasará al Consejo Consultivo , que en el plazo de un mes lo devolverá al Consejo de Gobierno de nuevo para aprobarlo y que llegue a las Cortes, donde se debería aprobar definitivamente. «Espero que cuente con el apoyo de todos los grupos parlamentarios porque ya cuenta con el respaldo de todo el sector agrícola», apuntó.
El objetivo de esta ley sería, según indicó, «regular el procedimiento del cambio de uso de los recursos y del patrimonio mobiliario e inmobiliario de las cámaras provinciales, que se cederán a las asociaciones agrarias y al Gobierno para beneficiar a los agricultores y ganaderos ».
Además, anunció que con las fincas rústicas propiedad de las cámaras agrarias provinciales se creará un banco público de tierras, que se repartirán entre los profesionales del sector y entre los jóvenes agricultores y ganaderos que se incorporen al campo, uno de los principales empeños del Gobierno regional.
Con esta normativa, entre otras cosas, se resolverán dos cuestiones relacionadas con el Instituto Nacional de Colonización agraria y la ley del IRYDA (Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario) para que los huertos familiares puedan transmitirse de padres a hijos y la utilización de los bienes que se crearon en su día para que puedan tener diferentes usos.
Esta medida afecta especialmente a la zona de Talavera, Alberche del Caudillo y Talavera la Nueva, y es una reclamación que muchas familias vienen haciendo históricamente. «Gracias a esta norma, por fin van a ver que estos terrenos pasan a ser suyos definitivamente, dotando de seguridad a algo que hasta ahora solo tenía incertidumbre», señaló el consejero.
El Consejo de Gobierno también aprobó el Decreto de Concentraciones Parcelarias que mejorará la gestión y la rentabilidad de las explotaciones agrarias en el medio rural. Es una demanda de los pequeños municipios que permitirá regular las ayudas y reducir el proceso a un máximo de cinco años.
Este decreto va a tener una incidencia muy importante en las provincias de Cuenca y Guadalajara. Además, informó, se ha destinado una cantidad dentro del Programa de Desarrollo Rural para ayudar con fondos públicos a estas concentraciones privadas, para hacer rentables explotaciones y evitar el abandono del sector, haciendo frente a la despoblación.
En otro orden de cosas, Martínez Arroyo informó al Consejo de Gobierno de la modificación del Programa de Desarrollo Rural al amparo de los fondos de la PAC en estos dos ejercicios de transición, apuntando que llegarán 549 millones de euros extraordinarios, 100 de ellos vía fondos Next Generation y el resto en dos nuevas anualidades de este PDR.
De esta forma, la cifra total que llegará a la región si se tiene en cuenta el periodo 2015-2022 se eleva por encima de los 2.000 millones de euros, «una cifra espectacular que pone de manifiesto la importancia» que se le da a extremos como la incorporación de jóvenes al sector primario.
Por último, el titular de Agricultura dio cuenta de que el capital asegurado por seguros agrarios en la región se ha incrementado en un 25% , llegando a los 1.800 millones de euros. Con este extremo, Martínez Arroyo defendió los seguros como «una herramienta importante» para la agricultura castellanomanchega.
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