El senador de Podemos por Lanzarote fue detenido en 2008 por posesión de cocaína y hachís

El muy buen resultado electoral de Podemos el domingo pasado en Canarias se ha visto ensombrecido las horas siguientes por la aparición de informaciones sobre el senador electo por Lanzarote, José Ramón Galindo , sobre el que pesa la sospecha de sus problemas con la Policía por cuestiones de droga.

Según se han hecho eco medios lanzaroteños , Galindo fue detenido en 2008 por la Policía Local de Tías, durante la celebración de las Fiestas de la Candelaria, algo reflejado en una nota de prensa del cuerpo de seguridad municipal emitida en su día, que daba cuenta de un «natural de Valladolid, de 28 años», al que se le confiscaron «10 envoltorios de cocaína, un trozo de hachís y 120 euros fraccionados en billetes».

Las informaciones sobre el flamante senador, de profesión albañil , han obligado a la formación política en la que milita, Podemos Lanzarote, a adelantar que convocará una rueda de prensa una vez que tenga todos los datos en su poder para aclarar el asunto.

El secretario insular de Podemos, Carlos Meca, destacó que están «absolutamente tranquilos, porque el juzgado archivó la denuncia y Galindo ni siquiera llegó a ser juzgado». Añdió, en declaraciones a La Provincia, que están esperando la documentación del juzgado «para demostrar que fue así», ya que el futuro senador «tenía un local en Tías y la Policía le iba a dar la lata».

Ante las informaciones aparecidas en las últimas horas en diversos medios de comunicación relacionadas con dicho senador electo por Lanzarote, Podemos Canarias ha remitido copia del auto de archivo de la causa abierta en 2008. En la tarde de este miércoles, la formación política ha enviado un auto fechado el 18 de noviembre de aquel año, en el que el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Arrecife archiva la causa al no haberse acreditado la existencia de delito alguno relacionado con estupefacientes. Podemos ha remitido también una certificación, con fecha de 22 de diciembre de este año, donde se confirma que el presunto delito contra la salud pública fue sobreseído y archivado.