Parlamento sin parlamento

Hace mucho tiempo que lo llevan haciendo, el mismo que llevan negándolo: a los principales partidos políticos del archipiélago les trae al pairo el parlamento como expresión institucional máxima de los valores democráticos e instrumento de control del poder ejecutivo. Que le den a Montesquieu. Para ellos, especialmente cuando saborean las mieles del poder, la cámara legislativa no es sino una china en el zapato , una molestia con la que deben lidiar para guardar las formas ante el electorado, un recinto cuartelero donde un reducido grupo de sargentos chusqueros ordenan a la tropa qué deben decir y qué deben votar. Y pobre del que se atreva a refunfuñar.

El empeño de los socios de gobierno: el de siempre, es decir, Coalición Canaria, y el pinche de turno, el PSOE, por impedir que cualquier diputado pueda realizar preguntas al jefe del Ejecutivo regional –una de las funciones para las que fueron elegidos por los ciudadanos–, y lo que es aún más significativo: la reducción a cuatro de las preguntas que pueden hacerse por sesión, evidencia las escasas convicciones democráticas de quienes se sitúan al frente de dos de las formaciones más importantes de la región.

Preguntar, responder, opinar, preguntar otra vez, responder, dar explicaciones, replicar, exigir… El proceso parlamentario, un intercambio de ideas que persigue el consenso sobre lo que conviene al bien común, no debe conocer límites más allá de los estrictamente necesarios. Y si bien es indispensable reglar los debates, queda fuera de toda lógica limitar el número de diputados que puedan formular preguntas y, sobre todo, limitar el número de dichas preguntas de forma tan ridícula. Hacerlo supone un craso atentado al intercambio de pareceres , a la fiscalización de la labor de quienes ejercen el poder y a la esencia misma de un sistema que se vanagloria de su carácter representativo.

Que un diputado elegido por los ciudadanos de Lanzarote no pueda formular pregunta alguna sobre el asunto que le plazca, o uno elegido por los habitantes de La Gomera, o por los de Gran Canaria, Tenerife, La Palma, El Hierro o Fuerteventura, supone una absoluta falta de respeto a quienes le votaron y a quienes representa, le hayan votado o no.

Que un diputado se convierta en un mero ente robótico sin otra función que la de besar por donde pisa el portavoz de su grupo y el líder de su formación política supone la conversión de la democracia en una suerte de dictadura de partidos en la que la libertad queda secuestrada. Que el Parlamento se haya convertido en un mero instrumento para ejercer el poder muestra hasta qué extremo el ciudadano ha pasado a un segundo plano.