Ofensiva judicial en Canarias por el precio de viviendas oficiales
En una primera fase se trata del control de casas de El Batan, El Lasso y en el Polígono de San Cristóbal, todas en Las Palmas capital
El despacho Figueroa de Arreitia confirmó esta semana que ha iniciado por mandato colectivo de propietarios de casas sociales en Canarias promovidas en su momento por la empresa pública Visocan para pedir «aplicación lógica de la normativa que hay sobre viviendas sociales».
La demanda, en fase de captación de pruebas, pretende obligar a través de los juzgados a que se mantenga el «precio establecido y fijado en el momento de la calificación de viviendas de protección oficial y descontando de este precio las cantidades abonadas en concepto de alquiler».
