Elevan el 'caso Reparos' al TS por indicios de prevaricación del senador Fernando Clavijo (CC)

Se ha elevado una exposición razonada al Supremo para que evalúe su implicación en la causa, en una resolución a modo de pieza separada que apunta que Clavijo levantó numerosos reparos de Intervención en varios expedientes entre 2014 y 2018

Fernando Clavijo interviene en un acto de CC en foto de archivo Coalición Canaria

Laura Bautista

El expresidente de Canarias y actual senador de Coalición Canaria, Fernando Clavijo , será investigado dentro del 'caso Reparos' , que afecta a su gestión como alcalde de La Laguna, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

El Juzgado de Instrucción Número 4 de La Laguna ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que evalúe su implicación en la causa, en una resolución a modo de pieza separada que apunta que Clavijo levantó numerosos reparos de Intervención en varios expedientes entre 2014 y 2018 aproximadamente. Dada su condición de senador y aforamiento, el Supremo debe decidir sobre la cuestión.

La juez Ana Serrano sostiene en su escrito que las prórrogas de los contratos eran improcedentes , a juicio del interventor municipal, al tiempo que se recurría a la utilización « fraudulenta « de la figura del contrato menor que no puede durar más de un año ni ser prorrogado.

Asimismo, apunta que parece «muy difícil» que Clavijo desconozca «los pilares» de la contratación pública que se basan en el libre acceso a las licitaciones, publicidad, transparencia, no discriminación e igualdad de trato, siendo economista titulado y con más de 20 años de experiencia en la administración pública en diferentes cargos.

En la misma línea entiende que es «difícil» que no conozca que los contratos no los puede realizar de forma indefinida la misma empresa ni la «obligación» que tiene la administración de planificar las contrataciones para garantizar los servicios a los ciudadanos.

En la resolución se recoge que había prórrogas extemporáneas y con efecto retroactivo, y también autorizaciones de continuidad del servicio con principios de contratación administrativa vulnerados.

La juez achaca a Clavijo que no ordenó que se tomaran medidas para evitar la reiteración de las prórrogas, en algunos casos hasta ocho años, pese a que fue informado por un equipo gestor. Además, añade, esto ocasionaba un «perjuicio» a las arcas municipales dado que el plan económico-financiero 2011-13 implicaba que las contrataciones que salieran a licitación bajarían su coste entre un 15% y un 20%.

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