Denuncian presiones a los jueces por la concesión de suelo para un parque acuático en Gran Canaria
Lebensraum Wasser señala a «algunas autoridades» por su actuación con el suelo público para Siam Park
Una «presión» al poder judicial tras la paralización del proyecto del parque acuático Siam Park en Gran Canaria ha señalado este jueves Lebensraum Wasser, denunciante ante los juzgados, ya que resulta «un argumento insostenible, como es el de discutir por razones políticas , lo que constituye una ilegalidad a juicio del juzgado competente para decidir».
Así lo entiende Lebensraum Wasser, una sociedad domiciliada en Las Palmas de la que forman parte diversos inversores internacionales cuya actividad se centra en el desarrollo de centros de ocio y que reclama que de haber podido concurrir a la adjudicación del dominio público del barranco de El Veril —en el sur de Gran Canaria— habría desarrollado «un proyecto alternativo , pero no ha sido posible porque no se ha respetado la libre competencia con grave perjuicio para los ciudadanos y las arcas públicas», según afirmaron fuentes de la empresa.
El 23 de diciembre pasado, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Las Palmas suspendió cautelarmente la concesión de suelo público (121.000 metros cuadrados) en el barranco de El Veril, en San Bartolomé de Tirajana, a la empresa promotora del parque acuático Siam Park (del grupo Loro Parque, con un conocido zoo en el Puerto de la Cruz, Tenerife).
Entre los argumentos, destaca el hecho de que se trata de terrenos públicos , propiedad de Patrimonio del Estado, destinados a un proyecto incompatible con esta ubicación.
Después del auto judicial, «se han producido declaraciones oficiales y expresas de las autoridades públicas (Consejo Insular de Aguas, Cabildo Insular y Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana) que suponen claramente una presión al poder judicial con un argumento insostenible , como es el de discutir por razones políticas, lo que constituye una ilegalidad a juicio del juzgado competente para decidir», según entiende el denunciante.
Lebensraum Wasser solicitó en su recurso la suspensión cautelar por entender que, en última instancia, «será declarado ilegal». Además, destaca que esta incompatibilidad para destinar los terrenos a un parque privado de ocio estaba expresamente especificada en diferentes instrumentos urbanísticos y territoriales vigentes hasta hace un año y que, coincidiendo con el proyecto de Siam Park, están siendo revisados y modificados por la Administración «para beneficiar a un grupo empresarial sin opción a que concurran otros interesados».
La compañía considera que el avance del proyecto hasta que tenga lugar una resolución definitiva se puede traducir en importantes pérdidas económicas para las arcas públicas, ya que si su recurso prospera, «las obras serán declaradas ilegales y la Administración puede incurrir en cuantiosas responsabilidades» y todo ello «sin tener en cuenta que los estudios del actual planeamiento, que incluye un trazado ferroviario han supuesto un gasto público de más de 4,5 millones de euros que se pierden irremisiblemente».
Lebensraum Wasser denuncia que no se ha respetado la libre concurrencia , ya que el proceso ha obviado la igualdad de oportunidades para otras empresas dispuestas a dinamizar la zona que desde hace más de cinco años lo habían solicitado y ni siquiera se respondió por la Administración.
El apoyo institucional que ha tenido un proyecto privado en detrimento de otras alternativas es «asombroso y empieza por el propio Cabildo de Gran Canaria, que ha conseguido en un tiempo récord que todos los planes urbanísticos y territoriales —incompatibles con la implantación del parque temático de Loro Parque— se están revisando y/o modificando para dar cabida a tal proyecto, siendo lo más reciente y escandaloso la adopción de dos acuerdos por la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad de fechas 9 de noviembre y 7 de diciembre de 2015». Estos dos Decretos también han sido objeto de recurso por parte de la sociedad Lebensraum Wasser.
El 21 de febrero de 2014, Loro Parque adquiere aproximadamente 174.000 metros cuadrados a los señores Del Castillo, «de los que 121.000m2 perfectamente delimitados, no eran de su propiedad y figuraban, como consecuencia del deslinde de dominio público, inscritos a favor del Estado en el Registro de la Propiedad», informaron las mismas fuentes.
Sin embargo, la compraventa por importe de aproximadamente seis millones de euros, que se confiesan pagados y cobrados, se inscribe en el Registro de la Propiedad en una «doble inscripción contradictoria» . A pesar de esta «ilegalidad de origen», el Consejo Insular de Aguas a través de sus servicios jurídicos, cuando justifica el porqué de otorgar la concesión a Loro Parque, lo hace en base al argumento de que Loro Parque como propietaria de esos terrenos, tiene un «mejor derecho» para resultar concesionaria, añadieron.
