El debate de la región termina con más de 300 propuestas de resolución

Los grupos parlamentarios debatirán este jueves más de 300 propuestas de resolución en la última jornada del debate sobre el estado de la nacionalidad canaria —tal su nombre oficial—, de las cuales más de la mitad están abocadas a ser rechazadas por la mayoría de gobierno que forman CC y el PSOE.

Entre los principales grupos de la oposición suman más de 200 propuestas , que serán defendidas por sus portavoces en intervenciones de 30 minutos, pero que recibirán, salvo puntuales excepciones, el voto en contra de la mayoría de gobierno.

El Grupo Popular, con 57 propuestas, va a presentar medidas de regeneración y transparencia, entre las que incluye reiniciar la reforma del Estatuto de Autonomía, y va a solicitar diversos pactos en educación y empleo. Asimismo, va a pedir "clarificar" el plan de desarrollo del IGTE, rechazará la imposición de una tasa turística y reclamará una reforma fiscal en Canarias que pase por la bajada del IGIC aprovechando el aumento de la recaudación.

Podemos, por su parte, con 70 propuestas que tratan de dibujar una "Canarias distinta", insistirá en la desprivatización de la sanidad , la educación universal y gratuita de cero a tres años o la redacción de un plan energético.

Nueva Canarias (NC) es el grupo que ha presentado más propuestas de resolución con un total de 76 , entre las que destacan la supresión de los permisos de prospecciones, que se fijen precios únicos para billetes aéreos, la implantación de una tasa turística, un pacto por el territorio o la reforma del sistema electoral.

En cuanto a la Agrupación Socialista Gomera (ASG), entre sus 45 propuestas de resolución se incluyen la recuperación del Plan Integral de Empleo, la renegociación de los convenios bilaterales con el Estado, el impulso a la dependencia o la recuperación de la línea marítima interior entre San Sebastián y Valle Gran Rey.

Los grupos que sostienen al Ejecutivo canario (CC y PSOE), con un total de 57 propuestas conjuntas, también van a defender, entre otras cosas, el anclaje del REF a la Constitución, la gestión de los aeropuertos o la recuperación del Plan Integral de Empleo.

Además, apoyarán la ejecución del fondo de desarrollo con recursos del extinto IGTE, a partir del consenso con cabildos y ayuntamientos, para dar un impulso a la inversión pública y la creación de empleo, con un "impacto directo" en la economía, y harán lo propio con la ley del suelo.