Condenado el Agente de Movilidad que cobraba por no poner multas de tráfico en Las Palmas de Gran Canaria

La Audiencia Provincial le condena a cinco años de inhabilitación, suspendiendo una pena de prisión de cuatro años a condición de que siga un tratamiento de deshabituación a las drogas

Imagen de archivo ABC

Javier Alonso Gutiérrez

La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado al Agente de Movilidad de la Policía Local de la capital de la isla por u n delito de cohecho en el que el acusado cobraba por no poner multas de tráfico . La sentencia recoge que, por conformidad de ambas partes, se declara que Claudio Iván Dóminguez, aprovechándose y abusando de su autoridad, “obtuvo un beneficio económico de manera ilícita” en febrero de 2017.

El día 20 de ese mes, encontrándose en la calle Alfredo L. Jones de la capital grancanaria, se dirigió a un conductor que había estacionado de manera incorrecta en la vía -acción que conlleva una multa de 200€- diciéndole que “si le daba 50€ olvidaba el incidente”, hecho a lo que el ciudadano accedió. Asimismo, el mismo día por la tarde, detuvo a otra conductora en la calle Albareda, amenazando a multarla por “conducir haciendo uso del teléfono móvil” -infracción equivalente a 3 puntos de carné y una multa de 200€- repitiendo el proceso y apropiándose de otros 50€ con los que "olvidaba el asunto" .

Dos días más tarde, volvía a cometer estos hechos hasta en tres ocasiones diferentes en las que recibió otros cincuenta euros por cada una, y una sexta que repitió el día 23 de febrero. El acusado consumía cocaína en el momento de los hechos -destino supuesto de los 300€ de los que se apropió en los seis casos - que si bien no anulaban sus capacidades cognitivas, sí alteraban levemente las mismas y mostraba un cuadro de trastorno.

Por todo ello, la sentencia le condena a dos años y tres meses de prisión y una multa de nueve meses y un día con una cuota diaria de seis euros -1.626€-. Igualmente, queda inhabilitado para el empleo de agente de movilidad y funcionario de la Policía Local o cualquier cargo público que tenga relación con la seguridad vial en un periodo de cinco años. Por último, se acuerda la suspensión de la pena de cárcel por espacio de cuatro años condicionada a un sometimiento a rehabilitación y deshabituación de las drogas y la no comisión de nuevos delitos en este plazo.

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