El complejo estatuto de los funcionarios de prisiones en Canarias
El Gobierno de Canarias quiere hacerse cargo del control de gestión de los centros de las islas sin cerrarse el proceso de mejora de condiciones laborales
El Gobierno de Canarias ha pedido al Ministerio del Interior el traspaso de las competencias de prisiones a fin de atender las demandas de sus reclusos con parámetros de mayor agilidad institucional. Esta demanda se ha producido en medio de las demandas que este colectivo reclama al Gobierno central.
Si ese traspaso de competencias se ejecuta ese personal sería funcionario de la Comunidad Autónoma. La mayor parte de los funcionarios son peninsulares y podría tener restricciones de movilidad a fin de regresar a centros más cercanos a su lugar de origen. Ahora bien: la mayoría de los funcionarios actualmente ubicados en las islas consideran que si hay soluciones, no presentaría oposición.
Un funcionario de Instituciones Penitenciarias en Canarias apunta a ABC este lunes que «peor no nos íría, y a las familias insulares tampoco». En centros como Juan Grande (Las Palmas II) hay 14 departamentos residenciales y hay cerrados seis. En Las Palmas II habría algo más de 800 usuarios. «Es una cuestión de personal y hay miles de presos canarios en la Península que no regresan a las islas por falta de plazas », indica la misma fuente.
Familias
Las familias que se trasladan a la Península tienen que afrontar gastos de hoteles, vuelos y traslados por tierra de hasta 600 euros por miembro y en días determinados. El funcionamiento de los centros de Canarias son similares a los de la Península. Los trabajadores denuncian que tienen «un bolígrafo como herramienta de defensa» cuando hay incendios de primeros grados o tienen que enfrentarse a intentos de agresión.
En las islas hay 1.600 funcionarios de prisiones y las centrales sindicales apuntan que se precisan 350 efectivos más. En las islas hace centros de aislamiento en Las Palmas II sin que haya existido un aumento de plantilla. Se han trasladado reclusos desde otros recintos, alguno con antecedentes por presunto terrorismo, sin aumento de plantilla.
Lo que demandan los funcionarios es que se les considere como agentes de autoridad y que exista una mayor consideración a esta actividad profesional. Las centrales sindicales deuncian que los internos de perfil psiquiátrico se mezclan con presos normales.
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ya ha mantenido un cuentro con las centrales sindicales porque el nuevo Estatuto de Autonomía habilita a Canarias para hacerse cargo de esas competencias, algo que los nacionalistas canarios quieren formalizar «lo antes posible, pero siempre garantizando que se puede prestar un buen servicio al ciudadano», apuntan fuentes autonómicas. Este mes de febrero ha sido el PP de Canarias quien ha mantenido un encuentro con los funcionarios de prisiones.
