Coalición Canaria desvela que NC y Podemos pactan atacar a los dueños de apartamentos de Maspalomas

Los nacionalistas canarios denuncian que ambos partidos pretenden expulsar a los propietarios isleños de zonas turísticas

Alejandro Marichal, portavoz de Coalición Canaria en el sur de Gran Canaria ABC

R.L.P.

El líder de Coalición Canaria (CC) en el Sur de Gran Canaria, Alejandro Marichal , desveló este lunes que Nueva Canarias (NC) y Podemos han pactado un ataque al control de la propiedad privada de apartamentos en las áreas de San Agustín, Maspalomas y Playa del Inglés, entre otras. En San Bartolomé de Tiranaja, CC afirma que está trabajando precisamente en una línea totalmente contraria con el freno de expropiaciones .

Marjchal adelantó que NC y Podemos han presentado al Parlamento de Canarias enmiendas al proyecto de la Ley del Suelo con las que proponen modificar, en el caso de NC, o suprimir , de acuerdo con el criterio de Podemos, lo que se llama la "consolidación" del uso de apartamentos como residencias.

Para los nacionalistas canarios, la medida que defiende NC y Podemos sale de la factoría de ideas de la Patronal hotelera de Las Palmas (FEHT) que, entre otras cuestiones, establece que las propiedades en suelo turístico destinadas a uso residencial "dispondrán de un plazo de ocho años para revertir el uso al que esté destinado la parcela".

Alejandro Marichal apuntó que la propuesta de NC "vele única y exclusivamente por los intereses de hoteleros y extrahoteleros y obvie totalmente los intereses de las personas afectadas" y que en el texto de NC "no hay una sola mención a cómo gestionar la situación de los propietarios, quedando en el olvido sus derechos y necesidades".

Podemos, por su parte, afirma que "existen en el litoral turístico demasiados casos de implantaciones residenciales absolutamente ilegales (contrarias al planeamiento y carentes de cualquier título legitimador) en zonas destinadas exclusivamente al uso turístico".

Quien defiende la tesis anterior es la portavoz parlamentaria, Noemí Santana, que justifica: "declarar la compatibilidad general, definitiva, absoluta e incondicional del uso residencial existente en cualquier zona y ámbito turístico, incluso cuando resulten contrarios a la ordenación vigente es, sin lugar a dudas, la peor de las soluciones posibles, la más dañina para el sector turístico legal y consolidado, y por ello se plantea su supresión ".

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