CORONAVIRUS
Canarias registra 23 ERTES de fuerza mayor que afectan a 593 trabajadores
Están relacionados sobre todo con el cierre escolar y académico en Canarias, si bien ya hay algunos en los sectores de hostelería y comercio minorista
Canarias ha registrado 23 expedientes de regulación temporal de empleo (ERTES) de fuerza mayor entre el pasado jueves día 12 hasta ayer lunes 16. La gran mayoría afecta a los sectores educativo, gestorías, construcción, hostelería y comercio minorista.
La mayor parte de ellos son fruto del cierre escolar y académico en Canarias y corresponden a actividades relacionadas con el sector docente -como limpieza o catering de centros escolares- mientras que los de los sectores hostelería, bares y comercio minorista son consecuencia del estado de alarma.
En total, los ERTES de fuerza mayor afectan a un total de 593 trabajadores y, por lo general, han sido solicitados por un periodo de 14 días, aunque hay empresas que los condicionan a la finalización de las restricciones.
Por islas, en Gran Canaria se registraron 7 ertes, con un total de 83 personas afectadas; 1 erte en Fuerteventura, con 6 personas afectadas; 4 ertes en Lanzarote, con 30 personas afectadas; 6 en Tenerife, con un total de 341 personas afectadas , y 2 en La Palma, con 6 personas afectadas. En total, por provincias, la de Las Palmas acumula 119 trabajadores y trabajadoras afectados y la de Santa Cruz de Tenerife, 347 personas afectadas.
¿Qué es un ERTE?
Un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) permite a las empresas realizar suspensiones de contratos laborales o reducciones de jornada por fuerza mayor a toda o parte de su plantilla durante el tiempo que esté en vigor la fuerza de causa mayor y sin que se establezca límite alguno, recuperando los empleados el puesto y condiciones de trabajo cuando finalice.
¿Cuáles son sus efectos?
Los trabajadores dejan de percibir su salario, aunque el empresario cotiza por ellos a la Seguridad Social . Únicamente los empleados que tengan derecho a paro pueden pedirlo, pero el importe consumido -equivalente al 70% del sueldo- contará para futuras prestaciones. Al ser una suspensión no da derecho a indemnización.
