Canarias pugna con Hawai por el TMT sin plan de protección ambiental
El cuatro de junio fue enviado el proyecto desde el Ayuntamiento de Puntagorda al Gobierno de Canarias «sin el estudio de impacto ambiental», admite la administración regional, que rescata la redacción técnica de ocupación de suelo
El Gobierno de Canarias ha anunciado este lunes que se ha debido hacer cargo del control de la gestión del suelo para poner en marcha en las islas el Telescopio de Treinta Metros (TMT) en caso que Hawai decida, a través de sus autoridades judiciales, vetar la operación de instalación en su suelo, según confirmó a ABC una fuente autonómica.
Como adelantó ABC este mes de junio, el 21 de estes las autoridades judiciales de Hawaii escucharán a las partes que se oponen y a las que están a favor. Según Efe este lunes, citando como fuente al director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Rafael Rebolo: «La ubicación dependerá de la decisión que la Corte Suprema de Hawai adopte de la reclamación de los residentes en la zona del volcán Mauna Kea, que se oponen a su construcción en ese lugar porque para ellos se trata de una montaña sagrada y colocar ahí ese instrumento atenta contra sus prácticas culturales».
Burocracia
La consejera de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias, Nieves Lady Barreto , que antes fue alcaldesa del municipio de El Paso, y el acalde de Puntagorda, Vicente Rodríguez, habrían recurrido a un convenio para que los técnicos de la Administración regional dirijan el proceso burocrático que incluye, por ejemplo, la obligatoria declaración de impacto ambiental.
Las competencias son del Ayuntamiento de Puntagorda pero como no dispone de aparato adminisrativo se lo puede solicitar al Gobierno de Canarias (CC) o al Cabildo de la isla (PSOE). Puntagorda ha optado por las autoridades autonómicas. El TMT tiene decración de interés general en Canarias desde 2016.
Ahora los que tienen que ajustar el documento son: el director general de Ordenación del Territorio, Pedro Afonso, y la directora general de Protección de la Naturaleza de Canarias, Jesús María Armas, todos de CC.
El objetivo es «evitar dilaciones en el tiempo por posibles requerimientos de corrección de errores o de subsanación por falta de documentación», indicó a ABC un portavoz del departamento en una nota.
A principios del pasado mes de mayo concluyó el plazo de información pública del TMT. El pasado cuatro de junio fue enviado al Gobierno de Canarias «sin el estudio de impacto ambiental », admitió este lunes el Gobierno de Canarias. Ese texto es «imprescindible» para ejecutar la autorización final, indicaron fuenets regionales.
