Canarias lanza una norma que evite el cierre de las Cámaras de comercio deficitarias

El consejero de Industria del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, tiene previsto remitir en otoño al Parlamento de Canarias una nueva ley para proteger a las Cámaras de Comercio de Canarias, en especial, la de Gran Canaria que lleva años pidiendo a la Administración regional que le aumente encomiendas de gestión para no cerrar.

La tranformación digital y la liberalización de los programas de formación en el sector privado genera que este tipo de entidades, que se nutrían de fondos en formación, tasas o la obligatoriedad de su pertenencia para hacer negocios, tengan mermado sus presupuestos. En Canarias hay una norma sobre estas entidades desde abril de 2003, que fue lo que permitió la creación de las Cámaras de Comercio de Lanzarote o Fuerteventura.

Antes, hubo un Real Decreto de 1983 de traspaso de funciones y servicios del Estado de ferias y comercio interior y Cámaras de Comercio transfirió a Canarias las reguladas en la ley cameral de 1911, lo previsto en un decreto de 1974, modificado en 1978. Pero esta articulación legal no impide la demanda de auxilio público para vivir.

Ahora, este 2017, las autoridades autonómicas buscan darle un nuevo escudo legal que impida que en Gran Canaria su Cámara de Comercio cierre. La provincial de Santa Cruz de Tenerife tiene sus problemas; pero cuenta con un formato de desarrollo aperturista al calor de los 5,2 millones de turistas que recibe cada año Tenerife. También mantiene oficinas en La Palma, La Gomera y El Hierro. Si hay un descenso de ingresos, puede peligrar su existencia.

En la norma de 2003, ya se indicaba que se pretendía "la competitividad de las empresas en campos como la implantación de nuevas tecnologías, la formación permanente en las empresas, la promoción, el apoyo logístico, el fomento y la proyección exterior y la creación de nuevas empresas, entre otros aspectos que influyen en la actividad empresarial".

De hecho, la ley de 2003 ya establecía la creación del Consejo General de las Cámaras de Canarias para "coordinar la actividad de todas las Cámaras canarias y de garantizar una interlocución coordinada con las principales instituciones del país". Pero, 14 años después hay que crear una nueva ley por la que se obligue ofrecer servicios públicos a las empresas por delegación de la Administración.