Canarias admite la «gravedad» del impacto del coronavirus en la economía pero sostiene que la salud «está por delante»

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, reconoció ayer jueves la «gravedad» del impacto que tendrá el coronavirus en la economía del archipiélago -especialmente en el sector turístico- pero ha sostenido que lo primordial es «preservar la salud». Así respondió a los periodistas en el Parlamento, recordando que lo importante es «no lamentar pérdidas humanas» y, aunque no descarta que pudiera ocurrir, recordó que en Canarias no ha habido fallecidos hasta la fecha.

Asimismo, Torres anunció que la suspensión de los actos de más de mil personas en las islas «no es una recomendación, sino una prohibición» , así como delegó a Cabildos y ayuntamientos las competencias «restrictivas» y que sean comunicadas a la Consejería de Sanidad. Del mismo modo, recordó que Canarias fue la primera comunidad española en registrar un contagio por COVID-19 -el pasado 31 de enero en La Gomera- y en aislar un hotel entero, para subrayar que el archipiélago y su sistema sanitario «están respondiendo con fortaleza» a esta pandemia mundial que afecta ya a 117 países.

Igualmente, el presidente ha insistido en que Canarias «no es una zona de riesgo» a pesar de que se tomen medidas estrictas -varias aerolíneas extranjeras han cortado sus vuelos a las islas- aunque avisa que no se descartan nuevas medidas a las aprobadas por el Consejo de Gobierno el pasado miércoles.

Por último, el líder canario indicó que este caso de salud pública es «inédito» y que se debe responder con «contundencia», para evitar la preocupación generalizada de que el coronavirus repunte y pueda haber dificultades para atender a los casos más graves.

El presidente de Canarias también ha avanzado que trabajan en un paquete de medidas económicas porque «es consciente de la situación» que afecta a las islas y se pretende que tenga «la menor repercusión posible en la economía» del archipiélago .

Para ello, Torres se ha reunido esta semana con los representantes empresariales, agentes sociales y sindicatos y prevé hacerlo el próximo lunes con los portavoces parlamentarios. Entre las medidas que se barajan se encuentra el aplazamiento del IGIC para las empresas afectadas , así como la propuesta al Gobierno central de poder hacer uso del superávit para destinar esos fondos a los servicios básicos esenciales.