La ayuda internacional, ¿a quién ayuda?

EN muchos de los plenos institucionales en los ayuntamientos o cabildos insulares, suele haber un punto del orden del día para aprobar ayudas internacionales a grupos, colectivos u organizaciones, los llaman, destinadas a paliar tal o cual desgracia sobrevenida por catástrofes naturales o como consecuencia de luchas entre países vecinos en conflicto o por guerras civiles internas.

En mi opinión, las ayudas públicas internacionales deberían estar canalizadas a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y no por instituciones de menor rango, como es el caso de las entidades locales y los gobiernos autonómicos. No por casualidad ese Ministerio está dedicado y especializado en las relaciones diplomáticas y en atender, dentro de las posibilidades presupuestarias, la cooperación técnica y humanitaria con terceros países. Como mal menor, para no abrir debates más sentimentales y de sectarismo político que de ayuda a los necesitados, esos fondos públicos detraídos a la atención de las carencias de los ciudadanos del municipio o de la isla deberían ser coordinados y autorizados por el Gobierno central.

Se trata, o se debiera tratar, de asuntos de Estado, pues bajo un aparente buenismo y apelación a la solidaridad, puede haber ramificaciones desconocidas para los no especializados que no tengan toda la información pertinente sobre ciertas organizaciones destinatarias de esos fondos, unas veces gobiernos corrompidos y otras, fraudulentas ONG. Eso en el mejor de los casos, porque también pudiera ser que partidos políticos gobernando esas instituciones locales utilicen cada vez más esos fondos destinados a una presunta ayuda humanitaria como instrumento de su política exterior partidista en favor de unos u otros, desvirtuando la esencia de la ayuda a las personas necesitadas.

Hay programas con mucho arraigo social que en su planteamiento básico están muy politizados. Por ejemplo, «Vacaciones en paz», que trae a Canarias y al resto de España a niños saharauis. Pero no a cualquier niño saharaui, los nacidos en el Sahara, sino tan solo a los que están bajo el control del Frente Polisario en los campos argelinos de Tinduf. Es indudable que esta acción no solo tiene un carácter humanitario, aunque excluya a otros niños también víctimas del conflicto, sino una gran componente de política internacional, tomando partido por el Frente Polisario frente a Marruecos y últimamente también a Argelia, los tres actores principales de la tragedia.

Cabría preguntarse si esta acción humanitaria no podría aprovecharse también para que esos niños que malviven en los campamentos de Tinduf pudieran convivir con otros de su misma edad que viven en el Sahara marroquí, muchos de ellos hijos de familias de retornados o fugados de esos campos. Así podrían conocerse y comprender que pueden llegar a entenderse, que no son fatalmente enemigos irreconciliables como pretenden inculcarles el adoctrinamiento político de sus gobiernos y de los partidos políticos que desde fuera tercian en el conflicto pretendiendo ser la solución, cuando en realidad son parte del problema, impidiendo una salida al conflicto fuera de su ideología política. Apoyan la guerra entre ellos con la coartada de buscar la paz. Pero no una paz cualquiera, sino la que implica la victoria de sus ideas políticas, personas al margen.

El Cabildo de Gran Canaria, entre otros, es bastante proclive a otorgar ayudas económicas a gobiernos que mantienen conflictos bélicos con sus vecinos. El control y el conocimiento del destino final de esas ayudas es imposible de ejercer. Es el caso de las destinadas al Polisario. Hay otras ayudas que quedan en el ámbito de la política testimonial, como es el caso del apoyo al BDS promovido por organizaciones propalestinas, algunas de ellas declaradas terroristas, debilitando o incluso poniendo en entredicho la política exterior de España y de su gobierno, que guste o no ha sido votado democráticamente por todos los españoles.