Asfixia al ITC

Hace ahora exactamente dos años en esta misma columna dábamos a conocer la grotesca situación a la que estaba siendo sometido el ITC por parte del Gobierno de Canarias. Entonces remarcábamos la naturaleza del Instituto describiéndolo como uno de los grandes centros no académicos clave de la estructura de investigación con que contamos en nuestro archipiélago cuyo objetivo central es corregir determinadas deficiencias en las islas, tales como el desequilibrio de la estructura productiva, la carencia de materias primas y el sobrecoste que supone la lejanía de los mercados, enmarcado todo ello en los campos de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+i) puestos al servicio de las empresas canarias.

En febrero de 2014, después de una prolongada lucha de los trabajadores en el terreno de las negociaciones entre la Dirección y el Comité de Empresa por un lado, la defensa en sede parlamentaria de la entonces diputada regional Mayte Pulido, del Grupo Parlamentario Popular, y la denuncia pública de los medios de comunicación por otro, se alcanzó in extremis, la firma de un acuerdo mediante el cual el Gobierno de Canarias se comprometía a no tramitar ningún ERE, con la condición de que el personal redujera sustancialmente sus salarios: a todos los recortes ya practicados en el contexto de la crisis, el personal del ITC tuvo que sumar también una rebaja de casi el 15% de sus salarios, para contribuir a aminorar el déficit financiero de la empresa. En aquel momento, la Dirección del ITC estimaba que durante 2014 habría un déficit y la única solución que propuso para solventarlo fue la tramitación de un ERE que dejaría al ITC con sólo 89 personas en plantilla, de las 165 que entonces había. El Comité de Empresa defendía entonces que dicho déficit “estaba diseñado, planificado y ejecutado por el Gobierno de Canarias, que ha reducido sus aportaciones al ITC más de un 80%”.

¿Qué ha ocurrido durante estos dos años? Pues que durante 2014 y 2015 mediante aquella rebaja salarial del 15% el personal del Instituto Tecnológico de Canarias ha estado, por un lado financiando el déficit de la empresa y las indemnizaciones por despido de algunos de sus compañeros y por otro, los gastos corrientes de edificios que también les quitaron desde 2011 hasta 2015 dejando desde entonces al ITC como la única empresa pública a la que no se le financian esos gastos básicos de funcionamiento, situación que obviamente se va arrastrar al ejercicio del próximo año.

El paisaje que se otea para principios de año se presenta tanto o más desolador que aquel de 2013 pues, si bien los trabajadores poseen una sentencia favorable del Tribunal Constitucional en la que se decreta nulo el artículo de la ley de presupuestos de Canarias para 2011 en el que se indicaba la obligación de rebaja salarial del 5% para las empresas publicas canarias, cuando se resuelvan las demandas individuales de cantidad por cumplimiento de la ley, el Gobierno de Canarias se verá obligado a pagar con carácter retroactivo desde junio de 2010 ese 5% más los intereses devengados desde entonces, además de reponer en las nóminas el citado porcentaje y todo eso, puesto que no hay financiación, va a aumentar el capítulo de déficit para 2016.

Pero lo peor aún está por leerse. Con esta situación, la Dirección del ITC ha comunicado al Comité de Empresa que únicamente se van a aportar 700.000 euros adicionales para los gastos de funcionamiento del próximo año. ¿Y el resto? ¿Qué creen ustedes que pretenderá la Gerencia del Instituto? ¿Qué los 850.000 euros que restan y que no se han obtenido por la mala gestión y la toma de decisiones equivocadas por parte de la empresa y la todavía insuficiente financiación la sigan poniendo los trabajadores mediante la prolongación por dos años más del 14% de rebajas en sus salarios?

Pues sí, exactamente esa parece ser la pretensión porque, tal y como se ha comunicado a los trabajadores, la Dirección del ITC mantiene que el próximo ejercicio habrá otra vez déficit y, abiertamente les han dejado caer que la única manera de solventarlo es seguir manteniendo la reducción salarial durante dos años más. En este contexto, el Gerente del ITC, Gabriel Megías Martínez, ha expresado que de no ser así, estaríamos ante “un ERE, o algo peor…”, sin precisar qué puede ser peor que un ERE.

De nuevo el futuro de la empresa más emblemática en Canarias de I+D+i aplicada, la única con carácter regional en la materia, precursora de las energías renovables, las tecnologías del agua, la biotecnología, la ingeniería biomédica o la innovación, vuelve a estar en manos de un Gobierno como el de Canarias que interesada e inexplicablemente se han empeñado en hacerla desaparecer… con alevosía.