La ambigüedad de Torres amarga el final del pacto del PSOE y Nueva Canarias
El vicepresidente del Cabildo de Gran Canaria afirma que el procedimiento de compra de suelo en Tirajana es legal
El líder del PSOE canario y socio de gobierno de Nueva Canarias (NC) en el Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, se apartó este jueves del discurso de la primera corporación insular sobre la compra de terrenos en Amurga (San Bartolome de Tirajana) para reforestación. «Hay que aclarar las cosas», sentenció al tiempo que decía que todo era legal.
Nueva Canarias ha defendido el procedimiento y que se ha ajustado a la norma legal al haber dejado el procedimiento en manos de los técnicos del Cabildo de Gran Canaria. A la pregunta en «El Espejo Canario» de si volvería a respaldar la compra con la información que tiene ahora, evitó responder.
Afirmó que no tenía datos de la propiedad de las superficies de Amurga aunque «sabíamos que esto iba a tener una repercusión clara». Apostilló que «el problema básico» es «el desconocimiento de quién vendía», dijo Torres.
Torres apuntó «se ha fallado de manera grave al no conocer nosotros la responsabilidad que tenía una persona públicamente conocida de familiaridad con alguien que compraba un terreno, ha sido un grueso error». Apostó por la legalidad del procedimiento aunque «nosotros nos enteramos de esto el lunes».
Subrayó que «estamos en estos momentos analizando todo el conjunto del expediente y cada día aparecen cosas nuevas, queremos tener toda la documentación, hay que aclarar las cosas, no hay ninguna razón que no lleve a que se comprasen esos terrenos como se hizo», dijo Torres.
Aseguró que habría «sido bueno para el afectado» que «se hubiese conocido» la identidad de los propietarios del suelo beneficiado. Aseguró que hay un problema de «forma» pero no de «fondo».
El dirigente socialista afirmó que en el Consejo de Gobierno se debió manejar información previa al acuerdo porque se beneficiaría «cargo relevante» de NC, es decir, Román Rodríguez. «El procedimiento es legal», dijo Torres, que agregó que no era una subasta que afectaba a 22 personas en seis familias.
