El bloque conservador del Poder Judicial pide un pleno extraordinario para sortear el asalto de Sánchez al TC

Según informaron en fuentes conocedoras a ABC, el plan de los ocho vocales conservadores es adelantar la fecha respecto de la prevista, el 22 de diciembre, para que así el Consejo pueda consensuar los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponde nombrar por tercio y que, con la ley actual, requieren de mayoría reforzada de tres quintos en el órgano de gobierno de los jueces.

Consideran que la intentona del Gobierno que reduciría el estándar a mayoría simple prescindiendo de sus votos, es una «injerencia demoledora» y quedaría desactivada si los candidatos estuviesen propuestos antes de que entrase en vigor. Los progresistas ya designaron un posible aspirante, el magistrado del Supremo José Manuel Bandrés, faltaba el nombre del bloque conservador.

Ahora la pelota está en el tejado del presidente en funciones del CGPJ, Rafael Mozo, que es quien tiene la competencia para convocar el pleno. A los vocales progresistas, contentos con la reforma que proponen vía enmiendas el PSOE y Unidas Podemos, no les interesa la maniobra. Según las fuentes consultadas por ABC, prefieren esperar a que entre en vigor el cambio y ver qué ocurre a continuación. Todo, de nuevo, está en el aire.

El Gobierno busca cambiar el sistema de mayorías reforzadas para la elección de magistrados del tribunal de garantías con una enmienda de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que pasaría de los tres quintos necesarios en la actualidad a una mayoría simple como requisito para los nombramientos.

El texto lleva asimismo una advertencia: la posibilidad de incurrir en responsabilidades «de todo orden, incluida la penal» en caso de que los vocales del CGPJ que deben acometer esas votaciones no las lleven a cabo en tiempo y forma.

«¿Qué pasa cuando un diputado no vota? ¿También hay reprimenda?», se preguntan desde el bloque conservador. Tachan de «jugada inesperada» este último movimiento del Gobierno y hablan de «ingeniería legal» para «seguir desconstitucionalizando» el Poder Judicial. «Esto es traspasar todo tipo de límites», apunta otra de las fuentes consultadas.

En el bloque progresista del CGPJ la percepción, obviamente, está en las antípodas. «Si hay un bloqueo institucional, el Parlamento sólo puede responder de una manera: ejerciendo su función legislativa». Defienden que está «plenamente legitimado» para acometer esta reforma porque ante una situación como la actual, «la vergüenza es que nadie haga nada para desbloquear».

La designación de los candidatos al TC propuestos por el CGPJ y el Gobierno debía haberse producido el pasado 13 de septiembre, en virtud de otra reforma legislativa exprés emprendida desde el Gobierno que fijaba ese como plazo límite. Desde entonces, el bloque conservador ha ido demorando la selección de los aspirantes por unas razones o por otras. Ese es el «bloqueo» al que se refieren los progresistas y con el que el Gobierno justifica la reforma.

Finalmente, en el CGPJ se habían dado de plazo hasta el 22 de diciembre, fecha en la que debía celebrarse el pleno definitivo. De nuevo, con la enmienda sobrevolando, la fecha está en el aire porque los conservadores han optado por forzar un adelanto de la reunión a fin de presentar las candidaturas antes de que la reforma sea un hecho.

En el TC, mientras, magistrados de los considerados conservadores comentan a ABC que la propuesta de reforma puede ser inconstitucional. «La Constitución y la ley orgánica no contemplan la renovación por sextos», recuerdan. Aventuran así que podría no tener encaje. «Aunque cambies la ley, la Constitución dice lo que dice». Aprecian una «situación difícil», en la que «se tensiona y se pone en peligro a las instituciones».

Mismo escenario en el bloque opuesto del tribunal de garantías. Entienden que el sistema constitucional debe disponer de medios para evitar el «doble boicot» que «estaba amenazando con bloquear indefinidamente la renovación del Tribunal Constitucional», como ya está bloqueada la renovación del CGPJ desde hace más de cuatro años.

«Las medidas están previstas expresamente para supuestos en que la negativa a renovar se prolongue más de tres meses, como sucede en la actualidad. El Parlamento debe ofrecer soluciones para superar los obstáculos que impidan la alternancia pacífica de los poderes del Estado, que constituye la esencia de toda democracia», aseguran otras fuentes del Tribunal Constitucional consultadas por ABC.

Los progresistas consultados veían ya un exceso la intención de algunos magistrados del TC que querían entrar a analizar si el Gobierno podía designar o no a los dos que le corresponden, yendo más allá del sistema actualmente en vigor. En este sentido, sobre la supresión del 'placet' , entienden que es necesaria porque en el momento actual es inconstitucional, ya que no cumple el principio de imparcialidad.

«Se estableció hace 40 años, cuando todavía no se había desarrollado la doctrina sobre los derechos constitucionales, pero con la doctrina actual ese pleno no tiene sentido porque participan en él varios magistrados que tienen interés directo en el sentido de la decisión, ya que pueden demorar o impedir la toma de posesión de los magistrados que les tienen que sustituir, como está sucediendo en este momento». Y sobre la supresión de trámite de verificación, otras fuentes minimizan el impacto. «Es un requisito menor». En 42 años de existencia del TC no ha habido nunca ningún problema con ese trámite«.

Es una perspectiva similar a la que viene esgrimiendo el Gobierno, que tras designar como sus magistrados para el Constitucional al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la ex alto cargo Laura Díez, asistía con una profunda contrariedad al rechazo del tribunal de garantías de no validar por el momento esos nombramientos.

La Constitución establece que los 12 miembros tienen un mandato de nueve años y se renuevan por tercios, es decir, cuatro cada trienio, dos por cuenta del Ejecutivo y dos de parte del CGPJ. Todos, por mayoría reforzada. de manera que el voto de los vocales (ocho) conservadores del CGPJ es indispensable para que los candidatos del órgano de gobierno de los jueces salgan adelante. Si prosperan las enmiendas, bastará con una mayoría simple, por lo que se podrá acometer la renovación sin ellos, minando por el camino el sistema de contrapesos y suprimiendo también el trámite de idoneidad. Es decir, sin ninguna oposición ni obstáculo que salvar.

«Es retorcer la ley»

«Esto es retorcer la ley, una absoluta barbaridad, un ir a por todas sin mirar las consecuencias», comenta la portavoz de la APM, María Jesús Del Barco. En su opinión, las mayorías de tres quintos que rigen ahora se establecieron para «evitar que se rompa el equilibrio de pesos y contrapesos que garantiza la estabilidad del sistema democrático». «El espíritu de la Constitución era conseguir esa estabilidad para órganos que son sistémicos que ahora se rompe», afirma.

Para Del Barco, es «hacer trampas al solitario» porque «desde luego que debe acometerse la renovación del CGPJ y del TC, pero ese incumplimiento de los plazos no se puede responder alterando el espíritu de la Constitución». Considera que «es una desvergüenza» y lo interpreta como un avance de lo que acabará pasando con el propio Consejo, «porque aquí parece que no hay límites», señala.

Por su parte, el portavoz de Jueces Francisco de Vitoria, Jorge Fernández Vaquero, expresa «preocupación». «No es la primera vez que el Gobierno modifica la Ley del Poder Judicial en función de qué es lo que interese en cada momento y esto ya de por sí, es malo, pero lo que demuestra es que no tiene ningún límite a la hora de tratar de alcanzar su objetivo».

«El problema que tiene el gobierno es que le interesa políticamente que se proceda al nombramiento del TC, que obviamente debería estar hecho porque el problema viene de que el CGPJ no cumple con su obligación, pero eso no puede justificar que el gobierno pase por encima de todo el sistema de contrapesos (...) Es utilizar la legislación a conveniencia sobre órganos constitucionales», plantea.

Ambas organizaciones recuerdan que esta constituiría la cuarta reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se ejecuta desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa sin tocar el único aspecto que ha suscitado recomendaciones reiteradas de la Comisión Europea y el Consejo: el sistema de nombramiento de los jueces.