El Tribunal de Cuentas destapa que las empresas públicas de Aragón se tragaron 900 millones en 2015

Las empresas públicas del Gobierno aragonés dejan, año tras año, un indigesto agujero económico que acaba cayendo a espaldas del presupuesto autonómico. Ese pozo sin fondo se tragó casi 900 millones de euros en 2015 , según pone de manifiesto el último informe emitido por el Tribunal de Cuentas (TCu) sobre el sector público autonómico.

El informe, que ha llegado cuatro años después de que se cerraran las cuentas de aquel ejercicio, evidencia las disparatadas pérdidas que acumulan las empresas públicas de las distintas comunidades autónomas, y Aragón no es una excepción. Tras escrutar las contabilidades de 26 empresas públicas del Gobierno aragonés, el TCu concluye que aquel año fueron alimentadas generosamente por el Ejecutivo regional y, pese a ello, acumularon abultados números rojos. El presupuesto de 2015 fue el último que elaboró el Gobierno regional PP-PAR, cuentas en las que se incluyen cada año las de las empresas públicas. Tras las elecciones autonómicas de 2015, en julio tomó las riendas del Ejecutivo aragonés la coalición PSOE-Chunta.

Según el informe del Tribunal de Cuentas, en 2015 el Gobierno aragonés subvencionó sus empresas públicas con 762 millones de euros, como mínimo . Y, a pesar de ello, ese entramado de sociedades se anotó unas pérdidas netas de al menos 99,8 millones de euros. Es decir, entre lo que perdieron y las subvenciones que consumieron, en 2015 las empresas públicas del Gobierno aragonés fulminaron 862 millones de euros. Y eso como mínimo, porque, además, varias de esas empresas públicas no han entregado sus cuentas al TCu , así que no han podido ser auditadas.

Según hace constar el órgano fiscalizador estatal, tres empresas públicas del Gobierno de Aragón –cuando ya estaba bajo control del PSOE- no facilitaron sus contabilidades y, por tanto, no han podido ser escrutadas por los auditores del TCu. De hecho, eso hace que el Tribunal de Cuentas no haya podido saber a ciencia cierta no solo cuáles fueron los manejos económicos totales de las empresas públicas del Gobierno aragonés sino que, por extensión, tampoco ha sido capaz de cuantificar ni de analizar el resultado de conjunto de todo el sector público regional durante aquel año. Ha sido una limitación significativa a la labor inspectora del TCu que no solo afecta a los estados contables públicos, sino también a cuestiones tan esenciales como los manejos financieros, la contratación de personal o las adjudicaciones de obras, servicios y suministros realizados por las empresas públicas que no han podido ser auditadas.