Tres exalcaldes de Teruel se libran de ser juzgados por prevaricación

Tres exalcaldes de Teruel -del PP, del PSOE y del PAR- se acaban de librar de sentarse en el banquillo por un presunto delito de prevaricación. El juez que instruye el denominado «caso Pomecia» , por supuestas irregularidades administrativas y urbanísticas, ha confluido que «no existen indicios racionales de criminalidad» contra esos tres exalcaldes.

Manuel Blasco (PP), actual diputado en el Congreso, Miguel Ferrer (PAR) y Lucía Gómez (PSOE) fueron inicialmente imputados, a raíz de la denuncia presentada por una vecina de Teruel que les acusó de ser responsables de supuestos delitos de prevaricación y malversación. El motivo, según la denunciante: no hacer nada para que se cumpliera la ley en el barrio Pomecia, una zona en la que ella tenía propiedades y que se vio perjudicada por la proliferación de viviendas ilegales ocupadas por familias de etnia gitana.

El problema, como indica el juez instructor, se remonta cincuenta años atrás. Reconoce también que ha ido a más, pero tras haber revisado el caso y tomado declaración a los investigados, entiende que no cabe imputar a esos tres exalcaldes un delito de prevaricación. Por ello, les acaba de dejar libres de cargos. Así lo ha decidido en un auto que se dio a conocer este miércoles.

El juez exonera también a otros dos técnicos municipales que estaban igualmente imputados, Antonio Javier Marín y Jesús Ángel Conesa.

Sin embargo, sí mantiene la imputación contra uno de los encartados en estas diligencias, el exconcejal de Urbaniso Jesús Fuertes Jarque. En este caso el juez, compartiendo el criterio de la fiscalía, sí considera que pudo haber cometido un delito de prevaricación y otro de omisión de la obligación de perseguir delitos.