Sucesos
Una red de tráfico ilegal de medicamentos, subvencionada con casi medio millón de euros
El laboratorio de Alcorisa (Teruel) acusado de liderar esta trama fue apoyado como proyecto farmacéutico innovador
El laboratorio farmacéutico de Alcorisa (Teruel) intervenido por la Guardia Civil por liderar una red internacional de tráfico ilegal de medicamentos fue subvencionado en los últimos años con casi medio millón de euros de fondos públicos. La operación policial se dio a conocer esta semana y situó como cabecilla de la organización delicitva al propietario de Desarrollos Farmacéuticos Bajo Aragón (Defabar) .
Esta firma implantó su laboratorio en Alcorisa en el año 2008. A partir de 2009 empezó a recibir subvenciones públicas, al cumplir los requisitos que en su momento exigieron diversas líneas de apoyo a la iniciativa empresarial en la provincia de Teruel. Contó con el respaldo tanto de fondos autonómicos como estatales.
En total, percibió 444.000 euros de ayudas públicas , que le fueron concedidas desde el Instituto estatal para la Reestructuración de la Minería del Carbón, el Fondo Especial de Inversiones de Teruel (FITE) o la entidad pública autonómica Suma Teruel, a través de la que -durante varios años- la Administración fue accionista de ese laboratorio.
Con el paso de los años, la empresa acabó en el punto de mira por las deudas que ha ido acumulando. Entre los damnificados por esas deudas se encuentra también la Administración, ya que arrastra el impago de un préstamo público.
Ahora, tras destaparse la red de tráfico ilegal de medicamentos, el Gobierno aragonés ha anunciado que se revisarán las subvenciones que esa empresa recibió años atrás, para ver si procede -y es viable- exigir la devolución de los fondos.
La Guardia Civil acusa al propietario de ese laboratorio farmacéutico turolense de liderar una trama internacional que falseaba medicamentos: importaba medicamentos producidos en China e India y luego los vendía y exportaba como si hubieran sido fabricados en España. Además, han detectado que se incumplieron normas básicas en la cadena de distribución, exigidas por la normativa para garantizar sanitariamente la efectividad de los fármacos.
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