Política
PSOE, la Chunta y Podemos se enredan en Aragón con la expropiación de viviendas
El proyecto de ley, demandado por Podemos y redactado por la Chunta, encara su tramitación parlamentaria con el visto bueno del PSOE cuando ya es prácticamente imposible aprobarlo por falta de tiempo
El Gobierno aragonés PSOE-Chunta ha dado el visto bueno al proyecto de ley que permitirá expropiar viviendas en Aragón , una medida pensada para ser aplicada frente a los bancos y a los grandes propietarios. Los supuestos previstos para la expropiación es viviendas vacías que pertenezcan a propietarios que tengan en su poder más de 15 inmuebles .
El documento llega ahora a las Cortes regionales para su debate y votación. Pero es muy improbable que salga adelante esta legislatura. El Ejecutivo que preside el socialista Javier Lambán ha tardado tanto en presentar el proyecto de ley que, a estas alturas, no hay tiempo material para que prospere en este mandato . Hay otras leyes que están en lista de espera. Y, aunque se le diera la máxima prioridad a la de vivienda, ni aún así es sencillo que dé tiempo de aprobarla antes de las elecciones autonómicas de mayo del año que viene, según han indicado fuentes parlamentarias.
Lo ocurrido con este proyecto de ley es indicativo de los enredosos equilibrios que mantienen los partidos de izquierdas en Aragón desde las elecciones autonómicas de mayo de 2015. Esta ley que incluye la expropiación de viviendas va en línea con los pactos de legislatura trabados en aquel momento entre el PSOE, la Chunta, Podemos e IU , que le garantizaron la investidura a Javier Lambán tras los comicios de 2015.
Fruto de esos equilibrismos parlamentarios, los socialistas han dejado en manos de los nacionalistas de la Chunta la elaboración del proyecto de ley, pero al ralentí; ahora, años después, hacen suyo el proyecto de ley como texto del Gobierno regional en su conjunto y, tras aprobarlo en el seno del Ejecutivo, y lo llevan a las Cortes con el ánimo de satisfacer las aspiraciones que a este respecto tienen Podemos e IU. Pero a sabiendas de que no hay tiempo material para aprobarlo.
Hay un serio problema son los plazos. El Gobierno regional no se ha dado prisa en elaborar este proyecto de ley sobre el que algunos plantean serias dudas de constitucionalidad , por afectar directamente al derecho a la propiedad.
El Ejecutivo regional ha esperado a presentar este nuevo texto legal cuando al actual Parlamento autonómico le quedan poco más de cinco meses de legisaltura efectiva . Hay que contar el parón navideño y que las Cortes de Aragón finalizarán sus trabajos a finales de marzo o primeros de abril, cuando se dé por finiquitado su periodo de sesiones por la convocatoria electoral.
Pese a que la vivienda ha sido bandera de los partidos de izquierdas, el Gobierno aragonés ha dejado este proyecto de ley en el furgón de cola de su calendario político. Ha tardado dos años y medio en elaborar el texto: el 15 de abril de 2016 fue cuando el consejero de Vertebración Territorial y Vivienda, José Luis Soro (CHA) , dictó la orden por la que se iniciaba la elaboración de esta ley.
Así las cosas, todo apunta a que este proyecto de ley quedará en el cajón de las Cortes de Aragón para la próxima legislatura, en manos del nuevo arco parlamentario que arrojen las elecciones autonómicas de mayo de 2019.
