El presidente de la DPZ califica de «insostenible» la estructura política comarcal

El presidente de la Diputación de Zaragoza y miembro de la Ejecutiva regional del PSOE, Juan Antonio Sánchez Quero , ha calificado de «insostenible» el actual modelo político de las comarcas . Creadas hace más de 15 años, las 32 comarcas en que se limita el mapa institucional de la región cuentan, cada una de ellas, con su propio gobierno territorial y miniparlamento, sumando alrededor de 800 cargos políticos —designados por los distintos partidos de entre los alcaldes y concejales que tienen en esas zonas—.

En la pasada legislatura, el PP anunció una reforma de la estructura política de las comarcas para reducir cargos políticos. Sin embargo, no llegó a presentar una iniciativa legislativa que permitiera llevar a cabo reforma alguna en ese sentido.

En la actualidad, el Gobierno regional del socialista Javier Lambán trata de llegar a acuerdos parlamentarios que permitan acometer esa revisión del modelo comarcal. El PSOE se ha pronunciado en varias ocasiones a favor de acabar con esas estructuras políticas comarcales y reconvertirlas en las antiguas mancomunidades, a las que los ayuntamientos se adherirían de forma voluntaria para la prestación de ciertos servicios públicos.

Esta es la opción por la que se inclina abiertamente el presidente de la DPZ, quien c onsidera urgente revisar el actual modelo comarcal, despolitizarlas y «convertirlas en una herramienta de gestión para aquellos ayuntamientos que quieren coordinarse en la prestación de algunos servicios adhiriéndose a estas».

A juicio de Sánchez Quero, «la dotación presupuestaria de las comarcas con fondos no condicionados ha creado una diversidad de planteamientos entre unos territorios y otros que resulta insostenible». Además, ha criticado que la falta de una delimitación nítida de las funciones de las comarcas hace que «se solapen no solo con el papel de las diputaciones provinciales, sino también con otros consorcios».

Sánchez Quero considera que, en este momento, la prioridad pasa por reconfigurar el mapa institucional de la Comunidad autónoma y centrar la prioridad en los municipios. Aboga por que se apruebe una ley que garantice la sostenibilidad financiera de los ayuntamientos, «con su participación en los tributos de la Comunidad autónoma». Además, cree imprescindible que esa misma ley «regule la naturaleza y la función» de las comarcas.