El PP exige al Gobierno los nombres de todos los altos cargos y funcionarios del caso Gali
Lo ha solicitado a través de una pregunta parlamentaria que alcanza también a las fuerzas de seguridad y al Ejército
Qué está pasando entre Marruecos y Argelia
El PP ha pedido al Gobierno que detalle, por escrito, los nombres de todos los altos cargos y funcionarios que participaron activamente en el «caso Gali» , la operación clandestina que desplegó en abril el Ejecutivo de Pedro Sánchez para introducir futivamente en España al líder del Frente Polisario , el saharaui Brahim Gali. Tras saltarse los controles de pasaporte y fronteras, fue ingresado con identidad falsa en el hospital de Logroño para curarle el Covid. En aquel momento, Gali estaba incurso en causas penales abiertas desde hacía años en la Audiencia Nacional, por denuncias de genocidio, terrorismo, asesinato, torturas, desapariciones, detención ilegal y lesiones.
La operación clandestina del Gobierno de Sánchez acabó destapándose, lo que desencadenó una severa crisis diplomática entre España y Marruecos , país al que el Frente Polisario ha declarado la guerra. Además, la entrada furtiva de Gali en España está siendo investigada por un juez de Zaragoza que ha apreciado indicios de delito por prevaricación, falsedad y encubrimiento . Y, ahora, el PP ha presentado una pregunta parlamentaria para que el PP desvele los nombres de quienes intervinieron en la operación, aunque todo apunta a que el Gobierno la esquivará con el mismo argumento que la Abogacía del Estado está frenando al juez: la Ley de Secretos Oficiales que promulgó el régimen franquista y que sigue en vigor.
Los de Pablo Casado quieren que el Ejecutivo de Sánchez desvele los nombres de todos que estuvieron al tanto de esa operación clandestina y participaron en ella, incluso sanitarios, policías y militares.
En esta pregunta parlamentaria, firmada por el diputado valenciano Luis Santamaría , se pide al Gobierno que diga expresamente si «estuvieron al tanto de la operación» el presidente Pedro Sánchez , el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska , y la entonces vicepresidenta Carmen Calvo . También reclama que se diga, por escrito, el grado de participación y conocimiento que tuvieron la presidenta de La Rioja, la socialista Concha Andreu , y la entonces delegada del Gobierno en Aragón y actual ministra de Educación, Pilar Alegría .
Implicaciones
La participación del Ejecutivo riojano fue decisiva, porque fue el escenario elegido para hospitalizar furtivamente a Gali. Llegó el pasado 18 de abril en un avión procedente de Argelia , que aterrizó en la Base Aérea de Zaragoza , amparado por un dispositivo coordinado por el Ministerio de Asuntos Exteriores con la cúpula del Ejército del Aire .
Gali fue introducido en España sin ser sometido a los controles de pasaporte y de fronteras , y trasladado al hospital público de Logroño en una ambulancia de la Sanidad riojana. Fue ingresado en el hospital de Logroño con nombre falso , con un pasaporte argelino a nombre de un tal Mohamed Benbatouche , «embajador retirado». Ese documento fue fabricado en Argelia el mismo día que Gali fue trasladado a España, el 18 de abril.
Respecto a la participación de Pilar Alegría, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ya dijo en junio, por escrito, que había ocultado esa operación a la entonces delegada del Gobierno en Aragón. «La Delegación del Gobierno no era conocedora», contestó el Ejecutivo a aquella pregunta que le dirigió el PP hace cinco meses. Incluso el juez ha descartado llamar a declarar a Pilar Alegría, ni siquiera como testigo.
En su pregunta parlamentaria, los populares también reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez desvele, por escrito, «el nombre del personal médico y de las autoridades sanitarias de La Rioja y Aragón que conocían la verdadera identidad» de Brahim Gali, así como «el nombre de las autoridades policiales y militares que tuvieron conocimiento de la llegada de Gali a España, y el nombre y el cargo de las autoridades diplomáticas que conocían la operación».
En lo que respecta a la implicación militar, las investigaciones del juez ya han destapado que Villarino articuló la entrada de Gali en España a través del teniente general Francisco Javier Fernández Sánchez , que entonces era el segundo jefe del Estado Mayor del Aire y que poco después fue nombrado representante militar de España ante la UE y la OTAN, cargo en el que sigue. La cadena de mando que llegó hasta la Base Aérea de Zaragoza partió de este alto mando, una de las piezas clave de la cúpula militar que depende de la ministra de Defensa, Margarita Robles .
El muro de los «secretos oficiales»
Ahora está por ver cómo contesta el Gobierno a la pregunta parlamentaria que han formulado los populares, pero es muy improbable que aporte los datos, toda vez que ni siquiera se están facilitando al juez que investiga esa operación clandestina. El magistrado zaragozano Rafael Lasala abrió diligencias hace cinco meses y ha imputado, de momento, a la exministra Arancha González Laya y a quien era su jefe de gabinete en el Ministerio de Asuntos Exteriores, el diplomático Camilo Villarino . Ambos están siendo defendidos por una abogada del Estado que les ha asignado el Gobierno de Pedro Sánchez.
Tanto los imputados como la abogada del Estado se han atrincherado en la Ley de Secretos Oficiales de 1968 para no facilitar detalles reclamados por el juez, cuya investigación se está estampando contra ese muro , lo que le está impidiendo concretar quién fue el responsable último de esa operación clandestina preparada entre el Gobierno español y el régimen argelino que protege a Gali. El líder del Polisario llegó a España en un avión de la Presidencia de Argelia.
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