Política
La plataforma del Canfranc presiona a los diputados aragoneses en el Congreso
Pide a los 13 parlamentarios que digan claramente si apuestan por la reapertura de este tren internacional
La Coordinadora para la Reapertura del Ferrocarril Canfranc-Olorón (Crefco) ha empezado una campaña de presión institucional para comprometer a los diputados nacionales de Aragón en favor de la recuperación de ese tren internacional. Crefco ha enviado a cada uno de ellos una carta en la que les plantea tres preguntas. Todas ellas con el mismo objetivo: que digan, claramente, si están por la reapertura del ferrocarril internacional de Canfranc y si se comprometen a apoyar todas las iniciativas que emprensa Crefco con ese objetivo.
La c arta ha sido enviada a los 13 diputados aragoneses que hay en el Congreso: seis del PP -tres por Zaragoza, dos por Teruel y uno por Huesca-, cuatro dle PSOE -dos por Zaragoza, uno por Huesca y otro por Teruel-, dos de Podemos -uno por Zaragoza y otro por Huesca- y uno de Ciudadanos, por la provincia de Zaragoza.
Esta campaña emprendida ante los diputados aragoneses en Madrid se produce en vísperas de la concentración anual que, cada verano, organiza Crefco para mantener viva la reivindicación de la línea de Canfranc. Este trazado internacional se cerró al tráfico en 1970, a raíz del derrumbamiento de un puente en el tramo francés de la línea.
En los últimos años, Francia ha avanzado en la recuperación paulatina de varios tramos de este corredor ferroviario. Para que se pueda reabrir al completo como línea internacional haría falta reconstruir los 32 kilómetros que faltan en el lado francés, recuperar el viejo túnel de Canfranc y modernizar las vías en el lado español.
Los gobiernos regionales de Aragón y de Nueva Aquitania se han marcado como objetivo que la reapertura del tren internacional de Canfranc sea una realidad en el año 2024, para lo que pretenden que en 2020 arranquen las obras que faltan. Eso sí, para eso hace falta que antes se sepa cuánto cuesta y, sobre todo, quién pone el dinero. A falta de los proyectos de obra, se calcula que harán falta unos 500 millones de euros. Aragón y Nueva Aquitania aspiran a que la UE ponga 200 de esos millones, y el resto los gobiernos español y francés.
