La odisea de un zaragozano al que querían encarcelar por un delito menor que cometió hace 12 años

Un camionero afincado en Zaragoza, Juan Carlos Torres, ha vivido en las dos últimas semanas una auténtica odisea personal y judicial , una pesadilla que comenzó cuando le llegó una notificación del juzgado en la que se le daba un plazo de una semana para ingresar voluntariamente en prisión. Todo por una condena que le impusieron hace doce años.

El caso se remonta a 2008, cuando este transportista de origen ecuatoriano tenía 21 años -lleva viviendo en España desde que tenía 14 años y tiene doble nacionalidad, ecuatoriana y española-. En 2008 trabajaba de repartidor para una conocida empresa de transporte y mensajería. Se quedó con unos paquetes y acabó sentado en el banquillo. Reconoció su culpa, devolvió la mercancía que se había quedado y llegó a un acuerdo de conformidad que hizo innecesario el juicio. Aunque le impusieron un año y nueve meses de cárcel por aquello, por un delito de apropiación , no ingresó en prisión porque le suspendieron el cumplimiento de la pena, con la condición de que no volviera a delinquir en el plazo de dos años.

El problema es que en 2012 el juzgado se dio cuenta de que este vecino de Zaragoza había dado positivo en un control de alcoholemia en 2010 y que, por aquello, le habían retirado el carné de conducir durante ocho meses por sentencia judicial. Al tener la consideración de delito contra la seguridad vial, se entendió que había incumplido la condición de no delinquir y que, por tanto, procedía obligarle a entrar en prisión por la condena de apropiación indebida del año 2008.

Su abogado, Javier Rodríguez, del despacho zaragozano Ariza Abogados, explica que a partir de ese momento empieza un complicado proceso para evitar su entrada en prisión. Hace tiempo que Juan Carlos Torres tenía olvidado aquel desliz que tuvo en su juventud. Tiene dos hijos y regenta su propia empresa de transportes, que ha sacado adelante tras años de esfuerzo.

Los primeros intentos por evitar el encarcelamiento no dieron su fruto, así que su actual abogado -que se hizo cargo del caso en 2014- se agarró a la última opción: solicitar un indulto. «El problema es que, si no es un caso de especial trascendencia social, aspirar al indulto del Consejo de Ministros es chocar contra un muro», explica a ABC el letrado Javier Rodríguez. Y así fue. Tras cinco años de espera, el indulto llegó rechazado a finales de 2019, y el juzgado reactivó hace un par de semanas la orden de ingreso en prisión contra Juan Carlos Torres por «una chiquillada que cometió hace 12 años», explica su abogado.

El caso acabó trascendiendo públicamente, la prensa local se hizo eco y, al final, la Justicia ha dado marcha atrás tras una nueva línea de defensa desplegada por el abogado, que optó por pedir la prescripción de la pena. La Fiscalía ha apoyado su planteamiento , lo que ha resultado fundamental, y la juez que tenía que resolver ha secundado la petición. Al final ha aceptado que se dé por prescrita la condena de hace doce años por la que se quería encarcelar a Juan Carlos Torres.