Sociedad

El monumental lío de unas oposiciones que obliga a repetir el examen a 8.600 aspirantes un año después

Las convocó el Gobierno aragonés, pero las anomalías detectadas obligan a repetir las pruebas realizadas el año pasado

Imagen de archivo de unas oposiciones para plazas de funcinarios

R. Pérez

Las oposiciones convocadas por el Gobierno aragonés el año pasado para cubrir 133 plazas de auxiliares administrativos ha acabado en enredo monumental , salpicado de anomalías jurídicas que forzarán a repetir el examen realizado hace casi un año y a llamar de nuevo a las pruebas a los 8.609 que se inscribieron como aspirantes.

El accidentado proceso selectivo ha estado jalonado por recursos múltiples -de opositores y de sindicatos-, la dimisión en bloque del tribunal que veló por las pruebas y un intento de remozar los criterios de calificación cuando ya se habían hecho los exámenes. Esto último se hizo tras ver que si se aplicaban los que se habían previsto habitualmente solo superaban la primera prueba 32 aspirantes, menos de la cuarta parte de los que hacían falta para cubrir todas las plazas convocadas.

Aunque presentaron su instancia y fueron admitidos para la oposición un total de 8.609 aspirantes, los que finalmente se presentaron al primer examen fueron la mitad de ellos, algo más de 4.0000.

Ese primer examen, que se realizó a mediados del año pasado, generó las primeras polémicas por las características que tenía. Tras una primera calificación de esos exámenes, el tribunal de la oposición decidió modificar el criterio de calificación para que hubiera más aprobados. Eso dio como resultado que fueran admitidos para seguir con las siguientes pruebas del proceso selectivo un total de 379 opositores. Entre tanto, en pleno revuelo, los miembros del tribunal dimitieron.

Quienes les sustituyeron anularon la decisión que habían tomado sus antecesores y dieron marcha atrás en su decisión de flexibilizar los criterios de puntuación, por lo que solo quedaron 32 aprobados tras aquel primer corte.

Ante la polémica, el Gobierno aragonés puso el caso en manos de su Consejo Consultivo -órgano de asesoramiento y dictamen jurídico-, y éste concluyó que en el proceso de estas oposiciones se habían dado «defectos jurídicos insuperables» y que, por tanto, el proceso realizado es «nulo» .

Con este informe en la mano, el Gobierno regional ha decidido repetir la oposición desde el principio, llamando de nuevo a realizar el primer examen a los 8.609 opositores que fueron admitidos. En la práctica, eso supone que los 379 que aparecían como únicos «aprobados» en el primer examen tendrán que hacer las pruebas de nuevo y de nada les vale aquel resultado. Ni siquiera a los 32 de ellos que superaron la prueba con los criterios de puntuación más exigentes.

Esto hace que la polémica siga, porque los que aprobaron pueden aspirar a que se les reconozca aquello. El caso podría acabar incluso ante los juzgados .

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