Tribunales
La mayor trama de extorsión sexual de España encalla en los juzgados
Las diligencias arrancaron hace dos años, pero están paralizadas por un conflicto entre un juez de Teruel y otro de Madrid: ninguno de los dos quiere instruir un caso que suma 4.000 víctimas potenciales
En febrero de 2018 se destapó la que está considerada como la mayor red de extorsión sexual desmantelada hasta la fecha en España. Pero, dos años después, este macrocaso de «sextorsión» está varado en los juzgados, enredado en un conflicto de competencias que deberá resolver el Tribunal Supremo porque, a día de hoy, no hay juez dispuesto a seguir adelante con la instrucción de esta causa que alcanza a 4.000 potenciales víctimas.
El caso arrancó en febrero de 2018, a raíz de la denuncia que interpuso uno de los extorsionados ante la Guardia Civil en Sarrión (Teruel). Aquello acabó destapando una presunta trama criminal con base en Valencia y liderada presuntamente por dos veinteañeros -que siguen en prisión- y en la que también apareció como imputado, entre otros, el futbolista del Levante Toño García . En la primavera de 2018 se supo que había una veintena de imputados.
Según las investigaciones, los extorsionados eran personas que habían usado una web de contactos sexuales, a los que luego se chantajeaba. Les exigían dinero, con graves amenazas de por medio. La red, según las pesquisas, movió grandes cantidades de dinero, cientos de miles de euros .
Dos años después de destaparse el caso, sigue en fase de instrucción, que además ahora se ha visto interrumpida por el pleito entre dos jueces. E l conflicto se ha producido entre un juzgado de Teruel -el que empezó las diligencias- y la Audiencia Nacional, a la que ahora el juzgado turolense quiere traspasar el caso.
Hace varios meses, el titular del juzgado número 3 de Teruel, Jerónimo Cano , decidió inhibirse en la causa por entender que quien debía hacerse cargo era la Audiencia Nacional, dado que esa red de extorsión operó en prácticamente toda España y que así lo demuestran las pesquisas que se han ido practicando desde que se destapó el caso.
Miles de potenciales víctimas
En un primer momento se habló de una veintena de imputados y decenas de víctimas. Pero, conforme ha ido avanzando la instrucción, la cifra de presuntas víctimas se cuenta por miles. El juez de Teruel habla de unas 4.000 repartidas por toda España, de las que más de 200 considera que pagaron dinero en las cuentas bancarias que usaban los extorsionadores.
La pretendida inhibición del juez turolense acabó aterrizando hace meses en la Audiencia Nacional. Más en concreto, en el juzgado central de instrucción número 4, que dirige el magistrado José Luis Calama . Pero éste rechazó la pretensión del juez de Teruel y argumentó que no había lugar a traspasar la causa a la Audiencia Nacional.
Así las cosas, el juez de Teruel mantiene su pretendida inhibición, pero quien debía tomarle el relevo se niega, así que la instrucción judicial de este caso ha quedado en vía muerta. Es lo que se denomina técnicamente un conflicto de competencias. Surge cuando hay dos jueces que reclaman instruir un mismo caso, o cuando ninguna considera que es competente para hacerlo, que es justo lo que ocurre en el asunto de la red de extorsión sexual.
Este conflicto de competencias le toca resolverlo al Tribunal Supremo, al que ya se ha dirigido el juez de Teruel. Fuentes del Supremo han confirmado a ABC que el escrito del juez Cano entró en el Alto Tribunal el pasado 19 de diciembre .
A tenor de los tiempos que suelen regir para este tipo de trámites, las mismas fuentes han explicado que, en principio, este conflicto de competencias quedará resuelto en tres o cuatro meses. Esto permitiría que a finales de primavera ya haya una decisión firme sobre qué juzgado debe seguir instruyendo la causa y, por tanto, seguir adelante con el proceso judicial abierto contra esa gran red de extorsión sexual. Mientras tanto, el caso ha quedado judicialmente en vía muerta, y lleva ya varios meses así.
