El mayor caso de corrupción de Aragón se desinfla tras un masivo pacto antes del juicio

El «caso Plaza», el mayor proceso de corrupción seguido hasta la fecha en Aragón , se ha acabado desinflando antes de llegar a juicio . La Fiscalía Anticorrupción ha cerrado finalmente una cascada de pactos con la inmensa mayoría de los acusados , unos acuerdos con los que se acepta que hubo corrupción, pero a cambio de que esa confesión les suponga reducir drásticamente las penas a las que se enfrentaban inicialmente.

Solo cinco de los 25 imputados serán juzgados . Los otros 20, que se enfrentaban a penas que sumaban unos 160 años de cárcel, saldarán sus culpas con menos de 20 años de prisión en total. Todo ello por una trama de corrupción que, según la Fiscalía, saqueó al menos 147 millones de euros de dinero público -en su día, la propia Administración autonómica calculó que el agujero fue todavía mayor, de más de 200 millones contando todas las ramificaciones de este entramado corrupto, que dieron lugar a causas judiciales separadas-.

El «caso Plaza» encara así su recta final tras años de investigación y cinco después de que se destapara la trama corrupta con las primeras detenciones que se produjeron en el verano de 2013. Los 25 imputados se enfrentaban a penas de casi dos siglos de cárcel (195 años).

La Fiscalía ha negociado la tremenda rebaja de penas para garantizarse una sentencia condenatoria en la que se dé por probado que hubo corrupción. Pero será a costa de que la mayoría esquiven la cárcel. El caso más claro es el del exgerente de la empresa pública Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) , la sociedad mercantil perteneciente al Gobierno aragonés que fue escenario de esta trama corrupta.

Para García Becerril se solicitó una condena de 23 años de cárcel, pero el pacto al que ha llegado con la Fiscalía se la dejará finalmente en solo dos años y un día . Además, su pacto abarca al resto de su famili a, también implicada en esta trama corrupta. Para su esposa y sus dos hijas, Elena Plante y las hermanas Patricia y Carolina García Plante, el acuerdo todavía es más ventajoso. La esposa y una de las hijas quedan libres de pena de prisión, pese a que se solicitaban para ellas 2 años y nueve meses, por un lado, y cinco años y diez meses, por otro. Y para la otra hija, Carolina, la condena se quedará en solo seis meses de prisión, frente a los nueve años a los que se enfrentaba, así que tampoco pisará la cárcel.

Los cinco que no han aceptado pactar con la Fiscalía son el exviceconsejero del Gobierno aragonés Carlos Esco –marido de la excandidata socialista al Gobierno regional Eva Almunia-, el empresario y expresidente del Real Zaragoza, Agapito Iglesias, y otros tres empresarios o directivos. Los cinco se han negado a entrar en los pactos con la Fiscalía y han optado por defender su inocencia en la vista oral que se celebre próximamente. Entre los cinco suman unas peticiones de condena de 31 años de prisión.

Respecto a los 147 millones de euros de dinero público que desvió la trama corrupta, según la Fiscalía, los acuerdos garantizan la devolución de 14,8 millones de euros que han sido depositados por Acciona –que aceptó una responsabilidad subsidiaria-. Además, se están discutiendo otros 35 millones en una causa civil que sigue su curso en los juzgados, y otros 87 millones de euros se van a dirimir por la vía del arbitraje.