Una juez prohíbe usar una sede municipal de Zaragoza para un acto prorreferéndum

La titular del juzgado contencioso-administrativo número 5 de Zaragoza, María José Cía, ha prohibido usar unas instalaciones municipales de la capital aragonesa para celebrar un acto a favor del referéndum ilegal de Cataluña . Atendiendo la demanda presentada por el PP, la magistrada ha aplicado la medida cautelar de suspender la cesión del Centro Cívico Delicias para dicho acto, cesión que había avalado el alcalde Pedro Santisteve, abogado de profesión y líder de la coalición ZEC.

En su auto, la juez considera que existen indicios fundados para prever que lo que se presentó como una «charla-coloquio» acabara convirtiéndose en un acto de propaganda y apoyo del referéndum secesionista ilegalizado por el Tribunal Constitucional. Para llegar a esa conclusión, la magistrada se basa tanto en el lema de la propia convocatoria como en la ideología y postulados de quienes están detrás de la organización de dicho acto.

Además, la juez advierte que las administraciones públicas no deben aportar sus recursos al servicio de ideologías particulares . Por ello, anula la cesión de ese espacio municipal a los organizadores de esa charla prorreferéndum que, en un principio, se había anunciado en el Centro Cívico Delicias para este sábado, 23 de septiembre.

Bajo el título de «Por el derecho a decidir» , se anunció la presencia, como ponentes, de miembros de Ressisteix Lleida y de Marta Clar, de Izquierda Diario Barcelona. Los carteles que anuncian este acto pro referéndum ilegal van con el sello de «Marchas de la Dignidad», sectores próximos a Podemos y a la coalición ZEC que gobierna en Zaragoza -integrada por Podemos e IU junto a otros grupos minoritarios, entre ellos los independentistas antisistema de Puyalón-. El mismo sello de «marchas de la Dignidad» llevan otros carteles que ya han empezado a circular y que anuncian una concentración en el centro de Zaragoza, para el próximo día 30, en defensa del referéndum ilegal catalán.

La juez entiende que, al prohibir la celebración de esa «charla-coloquio» en una sede del Ayuntamiento de Zaragoza, no se ven menoscabados los derechos constitucionales de reunión y de libertad de expresión, en tanto que ese acto puede llevarse a cabo en otra sede que no sea de titularidad pública.