La Junta Electoral Provincial anula la multa impuesta al alcalde de Calatayud en la campaña electoral

La Junta Electoral Provincial ha anulado la multa que la Junta Electoral de Calatayud impuso al alcalde bilbilitano y cabeza de lista del PP, José Manuel Aranda , por entender que había incurrido en acciones ilegales de propaganda en plena campaña. En concreto, le sancionaron por haber publicitado la firma de convenios con varias entidades sociales a las que concedió subvenciones en vísperas de las elecciones. La Junta Electoral Provincial, sin embargo, considera que no procede sanción por esos hechos.

La Junta Electoral de Calatayud, integrada –entre otros- por los magistrados de los dos juzgados de Primera Instancia e Instrucción de esta ciudad, concluyeron que Aranda había infringido la Ley Electoral por haber hecho propaganda de esos convenios a través de sus cuentas personales en redes sociales, y le impuso una multa de 300 euros. Todo ello, a su vez, apenas 24 horas después de que la Junta Electoral de Calatayud hubiera reprobado al PP local por otra infracción similar.

La Junta Electoral de Calatayud afirmó que se había hecho «un uso partidista y electoralista de la firma de los convenios con las entidades beneficiarias así como de los medios públicos puestos a su disposición en calidad de alcalde de Calatayud»

Sin embargo, pasados ya los comicios, la Junta Electoral Provincial ha acabado atendiendo el recurso presentado por el PP contra la resolución sancionadora que emitió la Junta Electoral de Calatayud el 24 de mayo, a dos días de las elecciones municipales. El órgano provincial argumenta que «procede dejar sin efecto» aquella resolución, «así como la sanción impuesta» , porque Aranda hizo publicidad de esos convenios a través de «páginas privadas» de internet, no por redes de instituciones oficiales.

Equipara este caso con otro que tuvo que dirimir la Junta Electoral sobre unas informaciones difundidas en su día por el presidente aragonés y candidato del PSOE, Javier Lambán, a través de sus cuentas particulares en redes sociales. Indica la Junta Electoral Provincial que «un tweet en una cuenta privada no era un acto organizado o financiado directa o indirectamente por los poderes públicos, por lo que no cabía hablar de infracción electoral».