Política
Instituto Aragonés del Agua: la polémica historia y liquidación de un ente bajo sospecha
Los sindicatos hablan de «cacicada» y de «blindaje» aboral todos los empleados de ese organismo
Tras 15 años de funcionamiento, la historia del Instituto Aragonés del Agua (IAA) toca a su fin . El actual Gobierno regional PSOE-CHA que preside el socialista Javier Lambán ha decidido liquidar este ente, pero blindando laboralmente a sus 35 trabajadores que se fueron incorporando a la plantilla de ese organismo sin ser funcionarios. Esto último ha irritado a los sindicatos , que han anunciado una batalla legal para impedir que esos empleados se conviertan, en la práctica, en empleados públicos fijos de plantilla en la Administración autonómica.
La irritación sindical es compartida, en bloque, por UGT, CC.OO. y UGT. Los tres van de la mano en sus críticas por lo que consideran la última «cacicada» en beneficio en un organismo que ha estado bajo sospecha prácticamente desde que nació. Controlado desde el inicio por el PAR -que sucesivamente gobernó en Aragón en coalición tanto con el PSOE como con el PP-, el Instituto Aragonés del Agua fue visto como una plataforma de colocación para afines al partido aragonesista. En julio de 2015 el PAR dejó de controlar políticamente el organismo desde el Gobierno regional, porque dejó de estar en el Ejecutivo autónomo -el PSOE gobierna desde julio de 2015 en coalición con la Chunta-.
Esa sombra de sospecha siguen apuntándola ahora los sindicatos. Hablan abiertamente de un pasado en el que ese organismo sirvió para dar cobijo laboral a personas próximas al PAR y ponen, como ejemplo, el hecho de que una ex alto cargo de ese partido, Marina Sevilla, figure en la plantilla de personal del controvertido Instituto.
Sospechas de enchufismo
Los sindicatos hablan abiertamente de años en los que, a su juicio, se dieron demasiadas coincidencias de trabajadores contratados del Instituto Aragonés del Agua que, a su vez, eran próximos al PAR. Y consideran que extinguir ahora ese organismo, otorgando a todos esos empleados la condición de trabajadores públicos de plantilla de la Administración autonómica es una «cacicada» y un «blindaje» intolerable. Por eso, advierten que van a llevar el caso ante los tribunales, que están dispuestos a llegar hasta el Tribunal Constitucional y que sus tesis estarían avaladas por informes internos de servicios jurídicos del propio Gobierno aragonés que cuestionan la maniobra diseñada por el Ejecutivo autónomo.
Los trabajadores del Instituto Aragonés del Agua rechazan las duras críticas que están lanzando los sindicatos de la función pública regional. Dicen que en absoluto se sienten privilegiados, que no es un trato de favor su traspaso a la plantilla de la Administración como empleados públicos blindados y que, en realidad, esa reconversión laboral que van a hacer con ellos está avalada por la legislación vigente.
Desde el Ejecutivo autónomo, por su parte, se defienden públicamente al argumetnar que la forma en la que se va a liquidar el IAA no es ni «discrecional» ni «aleatoria», que está basada en «fundamenos jurídicos» y que se ha diseñado atendiendo al «interés público».
Los funcionarios, una rareza en el IAA
Aunque la plantilla orgánica del IAA alcanza un centenar de puestos, actualmente solo están cubiertos de forma efectiva 42. De éstos, solo siete están ocupados realmente por funcionarios ; los otros 35 son personal laboral.
Ahora, con la extinción de este organismo, el Gobierno aragonés ha decidido que esos 35 se conviertan en personal de plantilla de la Administración autonómica. Lo harán en condición de personal laboral fijo «a extinguir». Es decir, que tendrán garantizado que sus empleos los disfrutarán de por vida, como los funcionarios, y que dichas plazas solo se suprimirán cuando los dejen quienes los disfrutan actualmente.
UGT, CC.OO. y CSIF no están de acuerdo con esta fórmula. Consideran que es ilegal porque, a su juicio, vulnera los principios básicos constitucionales que han de regir para el acceso al empleo público: igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Por eso, reclaman que esos 35 trabajadores sean reconocidos únicamente como empleados públicos en precario y que sus plazas, que a partir de ahora serán directamente de la Administración, sean sacadas a oposición libre y cualquiera pueda competir por esos puestos de trabajo de la Administración.
